El legislador explicó su proyecto de ley para la creación del Ente Único Regulador de Servicios Públicos (EURE), ante la reciente decisión de la DPE y la DPOSS de aumentar unilateralmente las tarifas del alumbrado público y agua potable en Ushuaia.
El legislador provincial Pablo Villegas, representante del Movimiento Popular Fueguino, puso nuevamente sobre la mesa su proyecto de ley para la creación del Ente Único Regulador de Servicios Públicos (EURE), una propuesta que busca establecer un organismo que supervise la prestación de servicios básicos como energía eléctrica y agua potable, y que garantice una mayor transparencia y participación ciudadana en la determinación de tarifas, en un contexto donde estas son fijadas de manera unilateral por las empresas estatales que las proveen.
Villegas presentó su iniciativa en medio de la reciente decisión de la Dirección Provincial de Energía (DPE) y la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) de aumentar las tarifas de alumbrado público y agua potable en Ushuaia, medidas que han generado inquietud entre los usuarios.
Según explicó el legislador en FM Master’s, la actual metodología carece de mecanismos que permitan a los consumidores evaluar si los incrementos tarifarios son razonables o proporcionales al servicio recibido.
“En Tierra del Fuego tenemos una realidad, que es que las empresas prestadoras de servicios públicos definen las tarifas de modo unilateral, es decir, sin convocar a audiencias públicas donde pueda participar el usuario, el consumidor, y que pueda evaluar la estructura de costos que presentan esas empresas del Estado para disuadir u opinar si es razonable o no la tarifa que fijan”, afirmó el legislador, y subrayó que este modelo contrasta con lo que ocurre en otras jurisdicciones del país, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Santa Fe, donde existen entes reguladores que supervisan la actividad de las empresas públicas.
El proyecto de ley, planteado inicialmente en 2018, contempla que el EURE actúe como una entidad autónoma encargada de establecer normas claras para la prestación de servicios públicos.
Entre las principales funciones del ente se incluyen la convocatoria obligatoria a audiencias públicas antes de definir tarifas, la evaluación de la calidad del servicio y la resolución de reclamos de los usuarios de manera ágil y efectiva. “Establecería un procedimiento para que se convoque a audiencias públicas para que el consumidor pueda intervenir, opinar y participar en ese proceso de formación de los valores de las tarifas”, detalló.
Además, la propuesta busca instaurar un sistema de sanciones ante incumplimientos por parte de las empresas prestadoras y establecer criterios de control sobre los procesos de inversión, garantizando así la mejora y la expansión sostenida de los servicios públicos. Para el legislador, esto es clave para salir del actual esquema, que calificó como un formato donde las empresas estatales “son juez y parte”. “Te fijan las condiciones en que te prestan los servicios, te fijan desde cuándo te prestan los servicios, te fijan las tarifas de modo unilateral y, además, cuando vos tenés un problema, ellas mismas te resuelven, en el mejor de los casos, los reclamos que tengas que hacer. Hay que salir de la lógica de ese formato”, aseveró.
También enfatizó que su propuesta no es innovadora, sino que busca replicar experiencias ya implementadas con éxito en otras provincias y a nivel nacional. “No estamos planteando nada novedoso o que no exista a nivel nacional. Estamos tratando que en Tierra del Fuego se repitan estas otras experiencias que en algunos casos son muy positivas”, expresó.
La creación de un ente regulador como el EURE podría significar un avance significativo en términos de transparencia, equidad y eficacia en la gestión de los servicios públicos en la provincia. Sin embargo, su aprobación y puesta en marcha dependerán del debate legislativo y del respaldo político que logre obtener.