El exdirector de la Dirección Provincial de Energía (DPE) calificó como «una locura» el desembolso de $1.200 millones en combustible y $40.000 mensuales por alquiler de equipos. Advirtió sobre irregularidades en el sistema energético y reclamó medidas estructurales.
El ingeniero Sergio Reymundo, ex director de la Dirección Provincial de Energía (DPE) de Tierra del Fuego, criticó duramente el elevado gasto en generadores de emergencia que el gobierno provincial destinó para paliar la crisis energética, calificando el esquema como «una tergiversación total del funcionamiento del sistema eléctrico». En diálogo con FM Master’s, el especialista detalló que el Estado fueguino desembolsó «1.200 millones de pesos en combustibles y 40.000 dólares mensuales» por el alquiler de siete equipos, una decisión que consideró «inconveniente» y carente de planificación.
«Hubiese sido lo ideal haber traído máquinas compradas o de mayor potencia alquiladas, que se podía haber hecho, pero no, el gobierno desistió de eso y optó por esta generación que le impuso una empresa», afirmó Reymundo, en referencia a la licitación que, según su visión, benefició a un único oferente. Aunque evitó cuestionar directamente a la firma adjudicataria, señaló que la provincia terminó aceptando «lo que ellos tienen disponible y lo que les conviene a ellos, no lo que le conviene a la provincia».
El ex funcionario también alertó sobre problemas operativos derivados de la instalación de los generadores, comparándolos con los conflictos vecinales generados en Río Grande por una minera de criptomonedas. «No deberían haberlo instalado ahí, no en esa cantidad de máquinas. Lo que pasa es que lo instalan así todos juntos por conveniencia en la explotación del servicio», explicó, añadiendo que la disposición fragmentó el suministro: «Es como si su casa está alimentada con un generador y su vecino lo alimenta con otro generador aparte».
Reymundo vinculó esta situación con lo que interpreta como un intento de debilitar a la DPE para transferir sus funciones a Terra Ignis, la empresa provincial de energía. «Es como que no se animan a tomar las medidas de fondo, destruir definitivamente la DPE y entregársela con un moñito pintadito a Terra Ignis y listo», afirmó, aunque aclaró que esta última «no tiene capacidad legal» para operar usinas térmicas.
Además, denunció irregularidades en los pagos: «Ese decreto que autorizó la adquisición de 1.500 litros de gasoil (…) va a ser un costo que vamos a pagar todos los usuarios directamente».
Sobre una posible solución estructural, el ingeniero se mostró cautelosamente optimista respecto al proyecto de interconexión eléctrica con el Sistema Argentino de Interconexión, recientemente incluido en la lista de obras prioritarias del gobierno nacional. «Estoy obligado a decir que sí (es viable), porque hicimos nosotros el proyecto», recordó, aunque criticó la falta de anuncios oficiales.
Finalmente, Sergio Reymundo cuestionó las inversiones energéticas de empresas como TotalEnergies y Panamerican, cuyos costos consideró «sobrevaluados» en comparación con proyectos locales. «Me llama la atención esa gran variación», sostuvo, proponiendo integrar iniciativas privadas con el sistema provincial para evitar redundancias.
