Francisco Ibarra, abogado defensor de Gustavo Casanova, dijo que “estábamos convencidos de la absolución tal cual como fue resuelto por el tribunal, no hubo ningún elemento del delito que se atribuía. Bastaba con leer la ley 151 para darse cuenta que el concurso de precios y los pliegos de bases y condiciones se ajustaban a la ley.

Para Ibarra, el elemento configurativo fue lo realizado por Fabiana Ríos “en que el acto administrativo por el cual dispone cómo se iban a computar esos bonos. Ella lo que hizo fue modificar unilateralmente lo que establecía la ley, en lugar de “valor técnico” tomó “valor de mercado”, ese cambio en el concepto significó que en lugar de tomarse a 11 millones de pesos se tomen a 4 millones.”

Según Ibarra, “en 2006 el Fondo Residual transfirió a la provincia todos los bonos por el equivalente a 11 millones de pesos, y la provincia dispone que esos 11 millones sean transferidos al IPAUSS para pagar la deuda por 11 millones. En el 2008 el IPAUSS eleva una resolución a la provincia diciendo que querían cobrar esos bonos a valor de mercado, en ese momento Ríos era la gobernadora y emite otra nota diciendo que se deberían tomar no a valor técnico sino a valor de mercado, en contra de lo que decía la ley 151”.

“Ese cambio de la palabra significó que esos 11 millones se tomen a 4 millones, entonces la provincia canceló su deuda por 4 millones. por lo tanto existe un perjuicio a la provincia de 6 millones de pesos”, dijo el abogado defensor, y aclaró que eso “será una cuestión que deberá investigar la fiscalía, sobre la posible comisión de un delito.”

Ibarra también se refirió al testigo Víctor Tela, y dijo que “lo trajeron de Buenos Aires, 5 años después, con fotos de personas con investigaciones que no eran más que corte y pegue. Le daba información en el despacho a Ríos cuando era diputada. Sobre todo eso hizo su investigación, fue una tomada de pelo”.