Colectivos feministas de Ushuaia se plegaron a la jornada federal de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que fue convocada antes de que el Ejecutivo Nacional presente su proyecto de ley. La movilización destapo el destrato de profesionales médicos en no acatar el actual protocolo de interrupción legal del embarazo.

Por Silvana Minué.

Este miércoles 18, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Tierra del Fuego llevó adelante un pañuelazo en el cartel de Ushuaia para acompañar el pedido de un debate rápido y sincero del proyecto de ley que garantice la interrupción del embarazo legal, seguro y gratuito antes de fin de año.

Colectivos feministas de Ushuaia y Río Grande, junto a la mencionada Campaña se concentraron desde las 18 horas acompañando a la jornada federal que incluyó más de 50 ciudades en todo el país gritando “Es ahora  Alberto”, el lema que busca que se activen acciones para que el aborto legal llegue al Congreso.

Cabe recordar que esta movida estaba anunciada antes del anuncio Presidente, Alberto Fernández de enviar al congreso de la Nación su proyecto. Si bien fue celebrado, se exige que se trate también el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña en mayo de 2019 e impulsado por más de 700 organizaciones teniendo en cuenta que podría perder estado parlamentario sino se trata antes de fin de año.

Así las mujeres se concentraron con sus pañuelos verdes en alto, símbolo distintivo de la Campaña, para leer el documento que dejó en evidencias graves falencias del sistema sanitario fueguino. Un informe realizado por la organización Peste Rosa denuncia que en el Hospital Regional de Río Grande y en el sector privado se obstaculizan las Interrupciones Legales del Embarazo.

Una denuncia que no debe pasarse por alto

Tras el acompañamiento de la organización feministas se pudo saber de “situaciones de destrato por parte de los y las profesionales, quienes apelaron a dilatar innecesariamente la práctica y realizaron procedimientos ginecológicos tales como tactos vaginales violentos, ecografías con sonido e imágenes sin haber explicitado a la persona gestante su derecho a no ver las imágenes si no lo desea, tal como lo establece el protocolo ILE, entre otras acciones que configuran violencia obstétrica”, sostiene el documento.

“En algunos casos incluso se derivó a las personas al Hospital de Ushuaia, porque no pudieron dar respuesta en el nosocomio de Río Grande, cuestión que complica aún más en contexto de pandemia el acceso a un derecho ya establecido. Las personas que hoy necesitan acceder a una ILE y deben hacerlo con internación en el 2° trimestre de gestación, tienen como única opción viajar a la ciudad de Ushuaia para que el equipo médico del consultorio de ILE del Hospital Regional de Ushuaia pueda garantizar dicha interrupción”, indicaron.

Cabe recordar que la provincia adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en el año 2012 y que el mismo fue actualizado en diciembre del 2019 por el Ministerio de Salud de la Nación.

Ademas desde mayo de 2020, y en el contexto de la pandemia, comenzaron a funcionar en la ciudad de Río Grande y Ushuaia los consultorios ILES con equipos interdisciplinarios que se encargan de garantizar un derecho consagrado en nuestro país desde principios del siglo pasado no obstante continúan existiendo barreras para su implementación.

Por lo cual se sostuvo que “no brindar información completa, dar información inadecuada y obstaculizar la práctica constituyen actos de discriminación y violación al derecho a la igualdad ante la ley, consagrado no sólo en la Constitución Nacional sino también en los Tratados Internacionales de derechos humanos. Y, en caso de tratarse de personal del subsistema público de salud, estas acciones pueden configurarse también en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“También pueden acarrear sanciones las prácticas  de  integrantes  del  equipo  de  salud que constituyan violencias en sus diversas modalidades, descriptas por la ley 26.485. Violencia institucional, Violencia contra la libertad reproductiva y Violencia obstétrica (pág. 24 Protocolo  ILE 2019)”, advirtió el informe de la agrupación.

“Las demoras innecesarias o el brindar información falsa para llevar a cabo el tratamiento constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente. (pág. 25 Protocolo ILE 2019)”, considerando que las actitudes anteriormente mencionadas son tipos de violencias a las que son sometidas las mujeres y las personas con capacidad de gestar y, por ende, de abortar.

“En pocas palabras: obstaculizar una interrupción legal de un embarazo es DELITO. El camino hacia la legalización del aborto está precedido por la correcta y efectiva aplicación de la ILE”, finalizó el documento.

Para ambas marchas se recomendó tener presentes los protocolos de prevención para los que asistan, como el uso obligatorio de barbijo, el distanciamiento físico, y llevar alcohol para las manos.