El juez laboral José Ignacio Ramonet hizo lugar a un pedido del gobierno de Mauricio Macri y dispuso un embargo preventivo al gremio de Camioneros por 810 millones de pesos más interés por otros 242 millones.
A través del ministerio de Trabajo, el gobierno de la Alianza Cambiemos presentó el lunes pasado dos escritos ante la justicia nacional del Trabajo en los que pedía la imposición de un embargo preventivo y luego la ejecución de la multa por 810 millones de pesos que le aplicó el ministro Jorge Triaca a Camioneros por haber violado una conciliación obligatoria en diciembre del año pasado.
Ahora la justicia le concedió a Triaca el primero de sus pedidos hasta tanto se defina sobre la cuestión que fondo que es la legitimidad o no de la abultada multa que se le pretende imponer a Camioneros y que tiene, según advierten distintos referentes sindicales, un carácter disciplinador para todos los sindicatos que se opongan al ajuste que el gobierno lleva adelante el gobierno de Macri.
Ramonet pidió además que se libren oficios al Banco Provincia de Buenos Aires, al Banco de la Nación Argentina, al Banco Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro para ejecuten la medida dispuesta en su fallo.
Daniel Llermanos, uno de los abogados que representa a Camioneros calificó el fallo de Ramonet como «bochornoso». «Se trata de una medida aberrante desde lo político y lo jurídico» aseguró y advirtió que «con esa plata se paga a los empleados, a la obra social. Es la que hace funcionar al sindicato».
