La justicia aceptó el pedido de la municipalidad de ser querellantes en la causa penal que investiga la venta de tierras fiscales en el barrio Dos Banderas de manera ilegal a vecinos de la ciudad, son cuatro imputados por los delitos de daños agravados y defraudación por estelionato.

“Nos notificaron el miércoles la constitución como querellantes que habíamos presentado después de hacer la denuncia así que ahora podemos actuar con todas las atribuciones que tiene la fiscalía” explicó a Tiempo Fueguino el Subsecretario de Asuntos Legales de la Municipalidad de Ushuaia, César Molina.

Y agregó “ahora tenemos la posibilidad de acceder a las actuaciones, poder proponer medidas de prueba, controlar las pruebas que se vayan colectando y llegado el caso participar de la acusación si se entiende que corresponde”.

“A partir de que nos aceptan como querellantes nos sumamos a la actividad que se está desarrollando hasta ahora, el requerimiento se desarrolló en su momento por el fiscal imputando a cuatro personas, a Leandro Alberto Barría, Víctor Hugo Ledesma, Gerónimo Damián Villagra y Reynaldo Jara Masala por los delitos de daños agravados y defraudación por estelionato en relación a la venta de bienes que son ajenos” detalló el funcionario.

A principios del mes de octubre la Municipalidad, a través de la Secretaría Legal y Técnica, había denunciado penalmente la venta ilegal de tierras, luego de que detectara ocupaciones y que las personas que estaban allí advirtieran que habían comprado de buena fe y que habían sido engañadas.

Apenas hecha la denuncia penal se realizaron los allanamiento “pero no hemos tenido todavía acceso a la causa como para saber qué otras medidas se han realizado, calculamos que en los próximos días podremos acceder como para saber si se hace algún otro ofrecimiento de prueba o se trata de profundizar en algún punto de la investigación que está llevando adelante la fiscalía y el juzgado” sostuvo Molina.

Asimismo el funcionario explicó cómo continúa la causa “una vez que termine la instrucción, se los llamará previamente a indagatoria, y en caso de entenderse que se encuentran acreditados los delitos se procede con la siguiente instancia que es la etapa de juicio, en caso de que en el medio no haya una solución alternativa o se entendiera que alguno de los delitos no está acreditado”.

Con respecto a las penas correspondientes para los delitos imputados, Molina afirmó “son considerables, la defraudación por estelionato tiene una pena que va de un mes a seis años y el daño agravado una pena de 3 a 4 años, así que estamos ante conductas que el legislador nacional pena justamente con penas graves”.

Cuando el municipio informó de la denuncia realizada sostuvieron que había aproximadamente cinco personas damnificadas, aunque habría más denuncias. El monto de las ventas, según explicó en su momento el Secretario de Medio Ambiente Damián De Marco,  serían de entre 200 mil y 400mil peso, y también se habrían registrado amenazas para garantizar el silencio de los estafados.