En el marco del conflicto suscitado por la permanencia irregular
del radar de la empresa LeoLabs en suelo fueguino, el Municipio
de Tolhuin inició formalmente un juicio de ejecución fiscal con el
objetivo de exigir el desarme del radar y el pago de la multa
correspondiente, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal
N°392/14.
La acción fue impulsada desde la Secretaría de Legal y Técnica, luego del
rechazo al recurso de reconsideración presentado por la empresa. En el
plano legal, el Municipio dispuso una sanción económica y la demolición
de la estructura, amparándose en sus facultades administrativas y en el
hecho de que la obra nunca fue habilitada.
Esta medida representa un acto de soberanía concreta, respaldado por el
sentimiento profundo que la cuestión Malvinas despierta en la comunidad
tolhuinense. La presencia del radar generó una fuerte preocupación entre
vecinos y vecinas, quienes desde un inicio se preguntaron cómo había
llegado esa estructura al corazón de la isla sin autorización municipal.
El intendente Daniel Harrington, uno de los primeros en alertar sobre la
situación hace ya dos años, fue contundente: “Como fueguinos y
fueguinas no debemos permitir que intereses extranjeros vulneren
nuestra soberanía; es por eso que hemos dado instrucciones para avanzar
en la ejecución judicial de las multas impuestas a esta empresa”.
Desde un primer momento, el mandatario mediterráneo señaló que el
Municipio jamás otorgó permiso para la construcción del radar. “Cuando
nos enteramos del tema, dijimos que hasta que no tengamos clarificado
qué se va a hacer con esto, no hay permiso. Por más que hayan
presentado los planos y demás. De hecho, la gente de Obras Particulares
estuvo siempre a la altura de las circunstancias”, expresó Harrington.
En ese entonces, el Municipio cumplió con todos los pasos
administrativos: “El 26 de septiembre de 2023 nosotros notificamos
fehacientemente a la empresa, después de las audiencias y todo,
respetando los plazos. Cumplimos con todo el procedimiento”, remarcó el
Intendente.
La clausura del predio, el rechazo a los recursos presentados por la
empresa, y ahora la ejecución judicial, son parte de una línea de acción
“sostenida y firme”, que refuerza el compromiso de la gestión municipal
con la defensa del territorio y el cumplimiento de las normativas locales.
En palabras de la propia gestión, se trata de una respuesta que marca un
rumbo claro: “Tolhuin no será indiferente ante este tipo de hechos y
seguirá impulsando políticas públicas que respeten la voluntad de su
pueblo y el marco legal vigente.”
