Pablo Villegas fundamentó un proyecto para disolver la empresa estatal por su fracaso en la producción de medicamentos y su reconversión en una mera droguería que triangula compras, con un costo anual de $4,000 millones.
El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, presentó un proyecto de ley que busca derogar la norma que dio vida al Laboratorio del Fin del Mundo y ordenar su disolución y posterior liquidación.
La iniciativa, elaborada junto al legislador Damián Löffler, quien se encargó de la redacción, se basa en auditorías y una resolución plenaria del Tribunal de Cuentas que, según Villegas, evidencian el fracaso absoluto de los objetivos fundacionales de la empresa estatal. “El objetivo era que produjera medicamentos para ofrecerlos a la obra social y a hospitales públicos a un precio menor. Pero en la realidad, los hechos son: eso nunca ocurrió”, afirmó el legislador en declaraciones a FM Master’s.
Villegas fue contundente al describir la operativa actual del laboratorio: “Hoy el Laboratorio del Fin del Mundo es una droguería más, se dedica a comprar medicamentos a otras droguerías y en todo caso vendérselo a uno de sus socios mayoritarios que es el propio Ministerio de Salud de la provincia”. Esta situación, señaló, ha generado un “perjuicio fiscal por más de 2 millones de dólares” al verse obligado a incinerar partidas de medicamentos que carecían de la autorización de la ANMAT para su comercialización. Subrayó que existen procesos judiciales en curso contra anteriores directores por estos hechos.
Respecto a la magnitud del organismo, Villegas indicó que, según su información, cuenta con una planta de alrededor de 50 personas y un presupuesto anual que ronda los $4,000 millones. “Es un montón en función de lo que realmente se hace”, criticó, argumentando que semejante estructura carece de sentido para una actividad de mera intermediación.
El legislador denunció que la empresa no responde a los numerosos pedidos de informes realizados desde la Legislatura, por lo que la única información disponible emana de los controles del Tribunal de Cuentas.
El proyecto propone la disolución de la sociedad en un plazo de 180 días y su liquidación, con la participación de la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. La visión de Villegas es redireccionar los cuantiosos recursos que consume el laboratorio hacia “áreas prioritarias” en crisis, como educación, salud y seguridad, o hacia incentivos para el sector productivo privado. “Entendemos que hay que barajar y dar de nuevo y afectar esos cientos y cientos de millones de pesos a las funciones prioritarias del Estado”, concluyó Pablo Villegas.
