La presidenta del IPVyH anunció la baja de más de 2000 viviendas licitadas, de acuerdo con lo dispuesto por el nuevo gobierno nacional. La entrega de terrenos urbanizados sería una alternativa, ante los profundos cambios en la política habitacional.
Más de 2000 unidades habitacionales proyectadas y licitadas están en proceso de cancelación, y se evalúa la posibilidad de reemplazarlas con la entrega de esos mismos terrenos urbanizados, según informó Laura Montes, titular del Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat (IPVyH).
Esta medida se enmarca en la reestructuración de las políticas públicas de soluciones habitacionales de la provincia, ajustándose a las directrices establecidas por el Estado Nacional.
Montes señaló que esta decisión se deriva de la determinación del Gobierno Nacional de no llevar a cabo nuevas licitaciones de obra pública para el período actual. Ante esta medida, expresó: «Uno le pone todo el optimismo, pero es cierto que esto de no hacer obra pública va a tener su impacto en las instituciones del Estado. Nosotros podemos adaptarnos, pero no vemos positivo que se corte la obra pública, sobre todo la de vivienda».
Además, dio cuenta de que, en la última sesión ordinaria de la anterior gestión de la Legislatura, se sancionó una ley que permite al IPVyH iniciar un proceso de saneamiento dominial y registral de las viviendas. Esto posibilitará un control más efectivo para asegurar que sean destinadas exclusivamente a vivienda única familiar.
La funcionaria destacó la importancia de este proceso como parte de un ordenamiento que se replica periódicamente cada 10 o 15 años: “Se fijan pautas para regularizar las situaciones jurídicas de las viviendas, que en principio fueron financiadas y adjudicadas por el IPV y que en este momento se encuentran en situación de ocupantes que no son los adjudicatarios iniciales».
Montes detalló que diversas circunstancias, como la venta, cesión o abandono, llevan a situaciones de ocupación de algún modo irregular. En este contexto, reveló que actualmente existen alrededor de 600 viviendas bajo un convenio de ocupación, «similar a un alquiler». Estas viviendas fueron entregadas hace muchos años y presentan situaciones jurídicas no regularizadas, ocupadas por herederos u otras personas.
En relación a las políticas a aplicar en la provincia ante las medidas dispuestas por la gestión nacional, Montes afirmó: «La certeza que tenemos hoy es que ya hay un secretario de Vivienda y Hábitat, que es el arquitecto Héctor Lostri». Agregó que próximamente presentará un resumen de obras y licitaciones vigentes ante las autoridades correspondientes.
En cuanto a las obras en ejecución, Laura Montes finalmente destacó la importancia de concluir con 500 viviendas actualmente en proceso: «Habíamos mandado más de 2000 viviendas licitadas para obtener el financiamiento, entendemos que eso se va a dar de baja, con lo cual esas tierras donde teníamos los proyectos, como ya tienen los servicios, serán loteadas para poder entregarlas. Asumo que es la solución habitacional que finalmente vamos a estar dando en esta gestión».
