La Jefatura de Gabinete formalizó una medida de austeridad que elimina la asignación automática de autos oficiales y choferes. Desde ahora, cada traslado deberá ser solicitado y justificado, con el objetivo de optimizar recursos, reducir gastos operativos y reordenar el uso de bienes del Estado.
La Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó un nuevo esquema de austeridad que impacta directamente en el uso de vehículos oficiales y en la asignación de choferes dentro del organismo. La decisión, formalizada mediante una resolución administrativa, apunta a reducir gastos corrientes, ordenar el funcionamiento interno y limitar el uso de recursos públicos a situaciones estrictamente necesarias para el cumplimiento de funciones oficiales.
La medida establece que los autos oficiales y los servicios de chofer dejarán de ser una prerrogativa automática para funcionarios y personal jerárquico. A partir de ahora, cada traslado deberá ser solicitado de manera puntual, con una justificación escrita que detalle el motivo, la necesidad operativa y el carácter oficial de la actividad. Estas solicitudes quedarán sujetas a evaluación y autorización previa por parte del área administrativa correspondiente.
Desde la Jefatura de Gabinete explicaron que el objetivo central es avanzar hacia un uso más racional y transparente de los bienes del Estado, evitando prácticas heredadas que convertían a los vehículos oficiales en un recurso permanente, incluso para tareas que no lo requerían. En ese sentido, la iniciativa busca instalar un criterio de excepcionalidad y no de rutina en la utilización de autos y choferes.
El reordenamiento también contempla un relevamiento integral de la flota vehicular actualmente asignada al organismo. Cada dependencia deberá informar qué vehículos y recursos humanos devuelve o mantiene, con el fin de centralizar la administración y reasignar los bienes según prioridades funcionales. El excedente quedará bajo control administrativo para su eventual redistribución o desafectación.
La decisión se inscribe en un proceso más amplio de revisión del gasto público impulsado por el Gobierno nacional, que incluye la reducción de partidas operativas, la eliminación de privilegios y la reorganización de estructuras administrativas. En la práctica, el recorte apunta a generar ahorros sostenidos y a enviar una señal política de austeridad en el funcionamiento del Estado.
Si bien la resolución prevé excepciones, estas deberán estar debidamente fundamentadas, ya sea por razones de seguridad, agenda oficial o necesidades operativas específicas. En todos los casos, el uso de vehículos oficiales quedará limitado al cumplimiento de tareas públicas verificables.
Con esta medida, la Jefatura de Gabinete busca avanzar en un cambio de lógica en la gestión de recursos, priorizando la eficiencia, la rendición de cuentas y el control del gasto como ejes centrales de la administración pública.
