Tras la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados, el Ejecutivo analiza avanzar con una reasignación administrativa de fondos para universidades y discapacidad. En Casa Rosada desestiman las críticas de la oposición y ratifican que no negociarán el equilibrio fiscal.
Luego de la media sanción del proyecto de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional analiza una reasignación de partidas presupuestarias destinada a atender las demandas de financiamiento de las universidades públicas y del sistema de discapacidad, sin modificar el objetivo central de alcanzar el déficit cero.
Según fuentes oficiales, la estrategia que evalúa el Poder Ejecutivo consiste en realizar estos cambios a través de mecanismos administrativos, principalmente mediante un decreto que habilite al jefe de Gabinete a redistribuir recursos dentro del presupuesto aprobado, sin necesidad de reabrir el debate legislativo. En la Casa Rosada sostienen que se trata de una herramienta prevista por la normativa vigente y que no implica un aumento del gasto total.
La discusión se da en un contexto de tensión política con sectores de la oposición y con actores directamente involucrados, como las universidades nacionales y organizaciones que representan a personas con discapacidad. Estos espacios vienen reclamando mayores partidas para garantizar el funcionamiento de instituciones educativas, hospitales universitarios y programas de asistencia, y advierten sobre el impacto que tendría un presupuesto sin refuerzos específicos.
Desde el Gobierno, sin embargo, desestiman las críticas y aseguran que las reasignaciones permitirían atender las áreas sensibles sin comprometer la meta fiscal. Funcionarios del Ejecutivo remarcan que el equilibrio de las cuentas públicas es una “línea roja” que no será negociada durante el tratamiento final del Presupuesto en el Senado.
El debate se entrelaza además con la situación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, iniciativas que generaron fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición en los últimos meses. En el Ejecutivo reiteran que cualquier implementación de estas normas deberá encuadrarse dentro de los límites presupuestarios fijados para 2026.
En el Congreso, algunos bloques aliados expresaron reparos sobre artículos específicos del proyecto, mientras que el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para la sanción definitiva en la Cámara alta antes de fin de año. En paralelo, el Gobierno decidió retirar del debate algunos puntos controvertidos para facilitar el avance del proyecto.
Con las negociaciones aún abiertas, el Presupuesto 2026 avanza hacia su definición final en un escenario marcado por la disputa entre la prioridad del ajuste fiscal y las demandas de financiamiento social y educativo, un equilibrio que el Ejecutivo busca resolver por la vía administrativa.
