El oficialismo ratificó en el Senado que la reforma laboral se aplicará a los nuevos empleos y no afectará derechos adquiridos. Mientras el kirchnerismo cuestiona el enfoque del proyecto y su trámite parlamentario, otros bloques piden precisiones y consensos. El debate avanza con el eje puesto en la creación de empleo formal.
El debate por la reforma laboral entró en una etapa clave en el Senado, donde el Gobierno salió a defender el proyecto frente a cuestionamientos de la oposición y buscó llevar tranquilidad respecto del alcance de los cambios. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue el principal expositor del oficialismo y dejó una definición central: la iniciativa está pensada para aplicarse a los nuevos contratos laborales, sin modificar los derechos adquiridos de quienes ya están empleados bajo el régimen vigente.
Desde el Ejecutivo, el mensaje apuntó a presentar la reforma como una herramienta para fomentar el empleo formal y reducir la informalidad. Cordero sostuvo que el actual marco normativo desalienta la contratación, especialmente en pequeñas y medianas empresas, y que el proyecto busca dar previsibilidad jurídica tanto a empleadores como a trabajadores. En ese sentido, el oficialismo remarcó que no se trata de una “flexibilización indiscriminada”, sino de una actualización que conviva con la protección de derechos históricos.
El kirchnerismo, principal fuerza opositora en la Cámara alta, rechazó esa lectura. Sus referentes advirtieron que la reforma tiene un sesgo favorable a los empleadores y cuestionaron que los cambios, aun cuando se apliquen a nuevos vínculos laborales, puedan generar un sistema dual que debilite el poder de negociación de los trabajadores. También pusieron el foco en el proceso parlamentario, al impugnar la conformación de la comisión que trata el proyecto y anticipar eventuales acciones judiciales.
Otros bloques adoptaron posiciones intermedias. Desde sectores dialoguistas y provinciales reconocieron la necesidad de discutir reformas que promuevan la creación de empleo, pero pidieron mayor claridad sobre algunos artículos y reclamaron instancias de consenso más amplias. En particular, plantearon la importancia de escuchar a sindicatos, cámaras empresarias y especialistas para evitar efectos no deseados.
El debate, así, trasciende la letra fina del proyecto y se inscribe en una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo y el mercado laboral que necesita la Argentina. Mientras el Gobierno apuesta a avanzar con una reforma que considera clave para la reactivación, la oposición busca marcar límites y condiciones. El desafío del Senado será encontrar un punto de equilibrio que permita modernizar las reglas de juego sin erosionar derechos, en un escenario político atravesado por tensiones, pero también por la necesidad de acuerdos duraderos.
