El empresario relató, en FM Del Pueblo, que la empresa ganó “una licitación en enero del 2017 para seguridad, empezamos a trabajar, brindamos un servicio de excelencia, para el mes de junio haciendo uso de una de las cláusulas del contrato le propusimos a la Directora de Compras, la Sra. Gabriela Méndez Estilich poder incorporar el móvil Akuda” pero señaló que quedaba “resolver que hacer con la gente entonces le propusimos que el puesto que el IPV pagaba en el barrio Colombo con dos personas las 24 horas, lo dejemos con una persona y subir la otra persona al móvil para que haga las rondas para el IPV en los diferentes barrios”.

Y explicó que esto se debe a que “en el Pipo, existen 20 manzanas y hay un solo guardia y nosotros pusimos el móvil, que estaba en el contrato y ese móvil haría la ronda en el Pipo, el Colombo y el guardia no queda solo, queda acompañado por determinados momentos” y aseguró que “toda esa mecánica la aplicamos en junio de este año con total acuerdo de la Directora de Compras, además se hizo una inversión importante que se acordó con la Directora de compras en ese momento de Cámaras en las oficinas del IPV en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande que no le generó ningún gasto a la provincia”.

Además “en ese momento también montamos la oficina de monitoreo que tiene cerca de 40 monitores, enlaces, y dónde van a parar todos los streaming de videos para que puedan ser monitoreadas y al IPV no le costó un centavo” aseguró.

Sin embargo “en enero hay una licitación de limpieza y nos presentamos trece empresas y descartan a una empresa “Las Retamas S.R.L. porque le faltaba una parte técnica y nosotros quedamos bien pero el IPV da de baja esta licitación y llama nuevamente y se deja participar a Las Retamas SRL y cuando termina la licitación nos dan el trabajo a nosotros y comenzamos el 22 de enero y a los 15 días comenzamos a tener hostigamientos y terminamos agregando gente y haciendo todo lo que nos pedían y de los que teníamos trabajando tres personas habían sido contratadas de manera directa porque el IPV en una cláusula pone que tenemos que absorber al personal que estaba trabajando en la anterior empresa”.

Por lo que denunció “una historia de corrupción que nosotros terminamos denunciando” y relató que la ex directora de compras del IPV, Gabriela Méndez que es la que armó la empresa Las Retamas que quería asociarse con una empresa que fabrica productos de limpieza y terminan firmando un acta acuerdo y eso es lo que denunciamos en el IPV y le anexamos un video explicando lo que nos dice cada una de las personas y el Presidente del IPV, en lugar de hablar pidió una auditoría de todos los libros de seguridad, desconoce nuestro libro de Akuda y nos dice que nosotros incumplimos el contrato y que debíamos devolverle el dinero del año que estuvimos facturando”.

Y explicó que la empresa que estaría integrada por la ex directora de compras del IPV “ellos en los dos meses que estuvimos la empresa Las Retamas cumplen el servicio y facturan al IPV y el IPV le paga y trabajan en una contratación designada a dedo y obviando todos los organismos de control que existen para hacer la contratación” y “nos sacan a nosotros del servicio diciendo que venimos cumpliendo mal el servicio y después poner a la empresa que ellos realmente querían poner”, aseguró al tiempo que dijo estar convencido de que “la gobernadora no sabe nada y esto se ha manejado en la órbita del IPV”.

Sin embargo, aseguró que el titular del IPV “de manera unilateral y sin escuchar las explicaciones que le dimos, las facturaciones mensuales, los libros, el detalle de la gente que estaba trabajando y todo conforme a Ley y nosotros hicimos la denuncia fiscal y el jueves recibimos la rescisión de contrato por parte del IPV por eso queremos hablar con la Gobernadora” entendiendo que “esto lo ha manejado el Presidente para abajo”.

Martín Dunezat aseguró que también denunció al IPV “porque todas las instancias administrativas no lo están haciendo y por eso lo estoy haciendo a través de la Fiscalía”.