BUENOS AIRES (Télam). Los diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ pidieron ayer el levantamiento de la prisión preventiva del ex ministro de Planificación Julio De Vido, detenido desde octubre de 2016 en la causa sobre corrupción en la mina de Río Turbio, al considerar que «no existen ni se mantienen ninguno de los presupuestos que justifiquen la continuidad de la medida».
Así lo afirmaron los legisladores, presididos por el santafesino Agustín Rossi, en una carta enviada al juez de la causa, Luis Rodríguez.
En la misiva, los diputados advirtieron que su detención «afecta el normal desenvolvimiento del cuerpo parlamentario y lesiona gravemente la voluntad popular y la representación política de la composición de la Cámara de Diputados», al no poder reemplazar en su banca al exministro.
En ese sentido, solicitaron a la Justicia que «brinde explicaciones sobre las condiciones actuales de la detención preventiva que se encuentra cumpliendo» De Vido y pidieron conocer «en detalle los motivos de su detención» así como los «fundamentos del estado actual de los presupuestos que podrían motivar mantener la arbitraria detención».
«Se fueron cayendo y eran de una insostenible fragilidad los argumentos jurídicos que oportunamente se establecieron para la prisión preventiva», señalaron los legisladores, al advertir que «está claro que no existen sustentos jurídicos para una medida excepcional y transitoria como puede ser una prisión preventiva».
Indicaron además que se trata de «una decisión de orden político de extrema gravedad que quiebra las garantías constitucionales, la representación política y el normal desenvolvimiento de la Cámara de Diputados, impacta en la sanción de leyes, así como en la conformación de nuestro bloque de representación política».
«Está más que probado y es obvio que no hay peligro de fuga y que se presentó a cada requisitoria judicial. No hay posibilidad alguna de entorpecer o interferir en las investigaciones que se efectuaron y que se continúen haciendo», expusieron.
Además, señalaron que el «absurdo fundamento de ser presidente de la Comisión de Energía de Diputados ya no existe y el sustento de la acusación basada en una pericia contable de uno de los peritos que usó el juez Claudio Bonadío se desplomó a criterio de la propia justicia de apelaciones al considerarla una infamia».
En la presentación al juez, los diputados requirieron que «a más de seis meses de su detención y frente a diversos pronunciamientos del fuero en relación a otras causas que lo tienen como imputado, justifique la continuidad y mantenimiento de los presupuestos que motivaran su detención, y en caso de no haberlos, disponer su inmediata libertad a fin de que recupere su estado parlamentario».
«El desafuero del diputado se urdiría por este mecanismo judicial una maniobra de avasallamiento institucional de la voluntad popular, gestado por el Poder Judicial y los diputados del oficialismo que favorecieron la maniobra de desahucio, y que a cierto tiempo vista se puede apreciar sin lugar a dudas», concluyeron, según informaron en un comunicado de prensa.
