La Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia ante el desvío de fondos y la falta de inversión en infraestructura, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y preservar su condición de uno de los puertos comerciales más estratégicos del país.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) resolvió avanzar con la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia luego de constatar incumplimientos graves vinculados al uso de recursos portuarios y un déficit sostenido de inversión en infraestructura crítica, situación que —según los informes técnicos— comprometía la seguridad y la continuidad operativa del muelle comercial.
Un convenio con reglas explícitas
El eje del conflicto se remonta al convenio de transferencia Nación–Provincia de 1992, mediante el cual el Estado nacional cedió a Tierra del Fuego la administración y explotación del Puerto de Ushuaia. La cláusula séptima del acuerdo es taxativa: los ingresos del puerto deben destinarse exclusivamente a gastos de administración, operación, capacitación e inversiones portuarias, quedando expresamente excluida cualquier otra finalidad.
Desvío de fondos y obras postergadas
Las actuaciones administrativas y las inspecciones realizadas por la ANPYN concluyeron que parte de los fondos generados por la actividad portuaria fueron desviados y que, como consecuencia, no se ejecutaron inversiones indispensables en mantenimiento, reparación y mejora de la infraestructura. El organismo nacional advirtió que esta situación pone en riesgo la operación segura del muelle, en un puerto donde confluyen actividades de carga, pasajeros y logística estratégica.
OSEF como destino de los recursos portuarios
En el marco de la investigación, se verificó que la Ley provincial Nº 1.596, sancionada en julio de 2025, habilitó de manera excepcional el uso del superávit de la Dirección Provincial de Puertos para financiar a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Para la autoridad nacional, esa decisión contradice de forma directa el convenio de transferencia y profundiza el desfinanciamiento de la infraestructura portuaria.
Intimaciones, descargos y falta de respaldo técnico
Pese a las reiteradas intimaciones y pedidos de información, la Provincia no logró acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, ni desvirtuar las conclusiones del informe final de inspección. Los descargos presentados fueron considerados insuficientes y, en algunos casos, extemporáneos.
Intervención para preservar el estatus comercial
Ante este escenario, la ANPYN dispuso una intervención administrativa por 12 meses, prorrogables, orientada a regularizar las condiciones de seguridad operativa, resolver el déficit de infraestructura y asegurar la continuidad del servicio. La medida incluye la puesta a disposición del personal portuario, sin alterar las relaciones laborales vigentes.
El organismo fue categórico: el Puerto de Ushuaia es un activo estratégico nacional por su proyección comercial, su conexión bioceánica y su rol logístico antártico. La intervención apunta a evitar la pérdida de su estatus comercial y prevenir sanciones más severas previstas en la Ley 24.093 ante incumplimientos graves.
