Desde el Instituto Provincial de Vivienda se explicó el procedimiento de desalojo que debió realizarse el martes pasado. “Todo el episodio fue muy triste, una impotencia porque como instituto no pudimos dar una respuesta inmediata”, relataron.

Por Silvana Minue.

Tensión y desesperación ocurrió el martes pasado cuando Policía provincial llevó adelante un operativo de desalojo a una familia que ocupo de manera ilegal un departamento del Barrio Colombo. El hecho fue captado por las cámaras de los vecinos, pudiéndose observar como los ocupantes fueron desalojos y las menores trasladadas a la Comisaria de Genero.

Cabe recordar que el sector del Colombo se encuentra bajo un ordenamiento habitacional urbano, un proceso que lleva varios años. Se ubican cuatro casas que están judicializadas, por lo cual desocupadas hasta que se resuelva las causas judiciales. En este contexto, una madre en situación de calle ocupó una de los departamentos del edificio junto a sus hijas de 6 y 4 años. Se encontraban viviendo allí hasta que por orden del Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Sur, a cargo del Dr. Javier de Gamas Soler, Prosecretaria Penal de la Dra. Cecilia STRATICO; se recepcionó el oficio Judicial, disponiendo el desalojo de los ocupantes de la vivienda ubicada en Arturo Coronado N° 255 de Ushuaia.

Para contener la situación participaron el personal de la Comisaria de Genero y Familia (gabinete interdisciplinario), autoridades del IPV. Una vez en el interior del departamento, personal de la Comisaria de Género y Familia procedió al traslado de todos los menores que se encontraban allí (3 menores) hasta dicha unidad policial. Se labraron las actas de rigor, DPCU tomo vistas fotográficas. Como característica particular, una de las testigos de actuación sufrió una descompensación, previo a terminar el acta, por lo que se requirió la ambulancia al lugar.

Para explicar que motivo el despliegue de las fuerzas policiales, TIEMPO FUEGUINO consulto a la presidenta del IPV, Leticia Hernández.  “Aproximadamente hace diez días nos enteremos de este intrusamiento en el cual lo primero que hace el Instituto es apersonarse y entrevistar a la ocupante y solicitarle que se retire por voluntad propia. Al saber que había menores, tratamos de llamar a la Secretaria de la Niñez y a Desarrollo Humano para trabajar en conjunto. La mujer manifestó que no se iba ir ni tampoco quería asistencia, ella quería ese departamento, que de ahí no se movía”, relató.

“Le manifestamos que recapacitará porque nos obligaba a actuar con denuncias, a lo cual seguía con actitud negativa. El departamento estaba destinado a otra familia en situación de vulnerabilidad, y son gente para el sector ya que Colombo hay un proceso de ordenamiento. En ese parque lineal hay dos situaciones de juicio, uno se resolvió, en uno de esos departamentos vivirá quien ganó el juicio. Un tercer departamento que está destinado a una madre soltera que justamente fue el del caso de intrusamiento. el IPV hace la denuncia, el juez de turno actúa a raíz de ello, pidiendo el desalojo”, explicó.

“Es una mamá joven con nenas de 6 y 4 años. Se debió desalojar porque ella no quería otra ayuda. Todo el episodio fue muy triste, una impotencia porque como instituto no pudimos dar una respuesta inmediata, estamos gestionando. No sabemos dónde esa mamá con las criaturas. Fue una experiencia dolorosa, es la primera vez que experimento una situación así, pero la primera acción fue el dialogo”, expresó finalizó.