El secretario de Malvinas de la provincia informó sobre el proceso de disolución de la empresa de capitales británicos Leo Labs, registrada en la provincia, y el funcionamiento del polémico radar que la compañía aludida instalara en cercanías de Tolhuin.
El secretario de Relaciones Internacionales y Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, brindó una actualización sobre la situación del radar instalado por la empresa británica Leo Labs en cercanías de la localidad de Tolhuin. Según dijo en FM Master’s, el proceso de disolución de la empresa y el futuro del radar están bajo el análisis judicial y administrativo, en un escenario de conflicto entre el gobierno provincial y el nacional respecto a las competencias sobre la autorización y funcionamiento de esta infraestructura.
En el plano provincial, Dachary informó que «lo último que tenemos a nivel provincial es la presentación de la demanda por parte de la Inspección General de Justicia ante la Justicia fueguina», indicando que ya se ha concedido una medida cautelar a favor de la provincia. Además, detalló que desde el Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego se están impulsando acciones para que la empresa presente un plan de desmantelamiento de las instalaciones ubicadas en la estancia El Relincho, lo que daría un paso hacia la resolución de la controversia sobre la legalidad de su funcionamiento.
Sin embargo, el panorama se complica con los recientes movimientos a nivel nacional. Dachary destacó la aparición de noticias en medios nacionales, como Infobae y Clarín, que ponen en valor el potencial tecnológico del radar y lamentan lo que consideran una oportunidad perdida para el país debido a cuestiones ideológicas. Asimismo, según indicó el funcionario fueguino, desde algunos sectores del gobierno nacional se estaría evaluando un enfoque distinto al de la provincia, con la posibilidad de autorizar el funcionamiento del radar, a pesar de las objeciones planteadas a nivel local.
La instalación del radar, desde el inicio, ha sido objeto de controversia debido a sus implicancias en términos de defensa y soberanía nacional. En este sentido, Dachary subrayó que «si todo esto se hubiese dado en un contexto normal, es decir, si hubiese una aprobación» de parte de las áreas nacionales competentes en lo técnico y en lo estratégico, el proceso podría haber seguido otro curso. Sin embargo, resaltó que «lo del manejo del espectro radioeléctrico y la administración de las relaciones exteriores, son competencias provinciales», haciendo hincapié en la complejidad del entramado jurídico e institucional que rodea el caso.
Uno de los puntos más críticos, según Dachary, fue la falta de participación del Ministerio de Defensa en el proceso de autorización del radar, pese a que la instalación de este tipo de infraestructura podría tener implicancias directas en la seguridad nacional. «El vicio que tiene este procedimiento es que cuando se autoriza nacionalmente no forman parte las áreas que debieron haberlo hecho», señaló el funcionario, criticando que la decisión inicial recayera únicamente en la Jefatura de Gabinete. Fue solo tras la intervención del Ministerio de Defensa, con un informe que catalogaba al radar como una «amenaza a la seguridad nacional», que el gobierno nacional procedió a cancelar la autorización, lo que desencadenó el conflicto institucional.
Dachary también explicó que el gobierno nacional considera que la responsabilidad de resolver esta situación corresponde a la provincia, mientras que desde Tierra del Fuego sostienen que, al tratarse de una cuestión vinculada a la seguridad nacional, debería ser el gobierno central quien asuma la competencia. «Claramente es una competencia del gobierno nacional», afirmó, argumentando que la tipificación del radar como una amenaza altera el ámbito de actuación provincial.
Pese a las tensiones políticas, Dachary enfatizó que las posibilidades de Leo Labs de revertir la cancelación por la vía administrativa ya se agotaron. «La empresa inclusive tuvo la oportunidad de presentar un recurso de reconsideración… y la respuesta volvió a ser negativa», explicó, lo que, en su opinión, cierra cualquier posibilidad de que el radar pueda volver a operar a través de este canal. «La única forma que podría llegar a apelar sería por la vía judicial», sostuvo, descartando cualquier posibilidad de que el gobierno nacional otorgue un nuevo permiso por la vía administrativa.
El dilatado conflicto institucional refleja las tensiones entre los intereses locales y nacionales, así como las diferencias de interpretación sobre las competencias en torno a una infraestructura que, desde su instalación, ha generado inquietudes sobre sus implicancias en materia de soberanía, seguridad y desarrollo tecnológico. Mientras el gobierno provincial avanza en su intento de desmantelar el radar, las señales desde el ámbito nacional sugieren que el tema podría seguir abierto por la vía judicial, prolongando la incertidumbre sobre el futuro de Leo Labs en el país.
