El representante legal advirtió sobre un caso grave de abandono educativo debido a la falta de resolución de un amparo presentado hace casi un mes para restablecer el dictado de clases en una escuela de la ciudad de Río Grande.
El abogado Francisco “Paco” Giménez formuló duras críticas al Poder Judicial por la demora en resolver un recurso de amparo presentado hace casi un mes, destinado a garantizar el normal dictado de clases en la Escuela N.º 32 “Iyu que deja huella” de Río Grande.
El letrado señaló que la decisión del juez Boccardo de incluir a los sindicatos docentes, como SUTEF, en la causa como partes demandadas, complejiza y extiende innecesariamente un proceso que por su naturaleza urgente debería haber sido resuelto en un plazo de 48 horas.
En declaraciones a radio Aire Libre, Giménez explicó que la medida judicial “dilata innecesariamente” un reclamo fundamental para las familias.
Remarcó que el obligado constitucional a garantizar el derecho a la educación es exclusivamente el Gobierno provincial, y que involucrar a los gremios desvía el foco del problema central. “Esta decisión significa complicar un asunto que ya es grave por el abandono educativo que sufren los chicos”, afirmó.
Asimismo, el abogado aclaró que la acción legal de los padres no busca una confrontación con los docentes, cuyas reivindicaciones salariales y laborales comprenden, sino que apunta a la responsabilidad indelegable del Estado de asegurar la presencialidad escolar.
Giménez recordó que existen antecedentes en el mismo juzgado, bajo la anterior titularidad de la jueza Silvia Herrááez, donde en situaciones similares se emitieron medidas cautelares en un lapso de 24 horas.
La actual falta de definición judicial, según su perspectiva, mantiene a la comunidad educativa en un estado de incertidumbre, con los alumnos privados de su rutina escolar. “Los chicos siguen estando en la casa cuando deberían estar en el aula”, concluyó, subrayando las consecuencias del retraso procesal.
