El Código Penal argentino establece desde 1922 el aborto legal por causa de peligro para la vida, peligro para la salud y violación. Pero según las cifras del Aborto en la Argentina, el acceso a estos abortos ha sido prácticamente nulo y persisten barreras de acceso .

Actualmente 15 provincias y la ciudad de Buenos Aires cuentan con protocolos para realizar un aborto legal por causales. Sin embargo, no todos establecen estándares y procedimientos para una atención de salud segura, de calidad y oportuna.

Diez jurisdicciones tienen protocolos que se adecuan a los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo FAL de 2012 (Nación, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego).

Siete jurisdicciones tienen protocolos que imponen requisitos por fuera de los estándares que fija la Corte (CABA –suspendido parcialmente por orden judicial–, Córdoba –suspendido parcialmente por orden judicial–, La Pampa, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta).

Ocho jurisdicciones aún no tienen protocolos ni han adherido al protocolo del Ministerio de Salud (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán).

El fallo FAL de 2012 contempla la votación por unanimidad de la corte suprema de aquel momento, cuando autorizó la realización de la práctica de aborto respecto de la joven A.G, de 15 años de edad, quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro.

Si bien el aborto ya se había efectuado, la Corte aclaró que se configuraba uno de los supuestos de excepción que, según su jurisprudencia, la autorizaba a pronunciarse. Allí se tuvo en cuenta: a) que el tiempo que implica el trámite judicial de cuestiones de esta naturaleza excede el que lleva su decurso natural, b) que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la solución de futuros casos análogos  y c) estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino.