Desde el 20 de marzo, cuando se publicó el DNU en el Boletín Oficial, se declaró la cuarentena obligatoria en todo el país. A partir de esa fecha hubo personas detenidas y vehículos incautados por la violación del decreto.

Actualmente en el Juzgado Federal de Río Grande existen cerca de 400 causas por incumplimiento del DNU, a lo que se suman alrededor de 60 vehículos secuestrados, un número importante para el número de causas que suele manejar el juzgado.

“Estamos abiertos a la posibilidad que brinda el artículo 22 del nuevo Código Penal, de buscar soluciones alternativas a estos conflictos”, dijo el secretario del juzgado federal de Río Grande, Juan Vicente, por FM Masters.

Por lo tanto, aquellas personas a las que les fuera secuestrado el vehículo, podrán acceder a una oferta reparatoria para poder evitar una la causa penal.

Si bien se tratará cada caso en particular, el código procesal penal habilita a que, con el acuerdo del ministerio público fiscal, los imputados puedan acceder a otros tipos de reparación, que pueden ser donaciones a entidades de bien público o trabajo social, buscando apaciguar el conflicto.

“Estos delitos nos afectan a todos porque han puesto en riesgo la seguridad de toda la sociedad, al incumplir las normas que tratan de evitar la propagación de una pandemia. Una buena manera de reparar esta intranquilidad social es generar un tipo de reparación que beneficien a la comunidad”, aseguró Vicente.

Y agregó que, desde el Juzgado, “vamos a ver con buenos ojos estos ofrecimientos y en los casos que sea viable, darles una solución de esta manera”.

En caso de que el imputado no presente la voluntad de solucionar el conflicto, lo tradicional es que continúe el proceso, que las partes sean llamadas a indagatoria, y se llegue hasta un juicio correccional.

El delito tiene penas que van de los 6 meses a los dos años de prisión, además de cargar con un antecedente penal o una causa penal en trámite, con el riesgo de sufrir una condena.

Si la persona no tiene antecedentes penales, la condena no sería de cumplimiento efectivo. “Pero es un antecedente penal que le va a traer complicaciones para su vida”, señaló Vicente.

Particularmente en el caso de los vehículos secuestrados, el código penal establece la posibilidad de decomisar los bienes que han sido utilizado para cometer un delito, que pueden ser vehículos, que podrían pasar a ser propiedad del estado.

“Lo que tomó estado público es que el titular de la Procuración general de la nación instruyó a los fiscales a su cargo, a que soliciten las medidas preventivas de secuestro e insistan hasta llegar al decomiso de vehículos. Eso se analiza al final del proceso, por eso es importante habilitar las alternativas para que no se llegue a la instancia de la condena. Se analiza cada caso particular y la jueza va definiendo en ese sentido”, informó Vicente.

Si bien se levantó la feria judicial en la ciudad, advierten que las personas no deben acercarse al Juzgado, justamente para evitar aglomeraciones, y deberán realizar cualquier solicitud por medio de un abogado, que puede ser particular o por medio de la Defensoría Pública.

Para comunicarse con el Juzgado se puede llamar al 2964 24411