La Ministra de Justicia y Bienestar Ciudadano, Adriana Chapperón se refirió a la situación laboral de la provincia, que potencia la crisis habitacional y la asistencia social, haciendo hincapié en el cruce de datos, ya que se encuentran con «personas que no necesitan de plano a la ayuda».
En declaraciones a RADIO PROVINCIA la funcionaria indicó que se está tratando de asistir, dentro de las posibilidades, a la demanda. «Tenemos en cuenta que cada vez hay más despidos porque obviamente la economía está paralizada y las personas están en una situación de vulnerabilidad, muchos vienen requiriendo ayuda para el pago de los alquileres, para este subsidio, o para volver a su provincia, que tampoco creo que se pueda resolver fácilmente ya que la situación también está muy complicada también en el norte del país».
Uno de los puntos críticos son los alquileres, y la situación se agrava por la paralización de la obra pública, que incluía la construcción de viviendas. Hay mayor demanda de alimentación y asistencia ante necesidades básicas. «Hay mucha gente que está pidiendo alimentos, más allá de los programas como el Repsol, la Mesa Fueguina, hay distintos programas que de alguna manera subsidian esta situación alimentaria».
Acerca de la situación de los alquileres, dijo que «estamos haciendo un trabajo en equipo en todas las áreas, también el Instituto Provincial de la Vivienda, revisando aquellas adjudicaciones que se han hecho y con personas que lucran con una vivienda que ha sido una vivienda social y que obviamente no puede estar al servicio de un alojamiento transitorio para turismo».
«Estamos revisando muchas situaciones para poder dar respuesta a una lista inmensa de personas que esperan desde hace años una solución habitacional y que hoy no tienen», aseveró.
Con la suba en los servicios y la quita de subsidio de gas «la situación se va a agravar y el presupuesto en la provincia también es finito. No hay disponibilidad para atender todas las demandas, que son muchísimas. Estamos tratando de ser rigurosos en cruzar datos, en aquellas personas que realmente hacen uso a lo mejor de un programa que no les corresponde».
En cuanto a los alojamientos en casos de vulnerabilidad, indicó que «estamos haciendo algunos cambios, ya que el Estado tiene además una serie de trámites ante cada una de las situaciones en que se atienden, porque estamos utilizando plata pública. Entonces, evidentemente lleva una tramitación, eso hace obviamente que se atrasen los pagos y los montos que nos cobran por ese alojamiento, termina en algunos casos siendo muy oneroso para la provincia, con lo cual ahora estamos trabajando en poder hacer con cada uno de estos lugares que nos permiten alojamiento de personas en estado de vulnerabilidad, poder hacer un convenio para un pago a 30 días tratando también de cumplir nosotros para poder bajar esos costos».
Chapperón también informó que más de 13.000 personas reciben módulos alimentarios «y esto se está agravando. Hemos tratado por todos los medios de hacer frente con las reservas».
La funcionaria hizo hincapié en el cruce de datos que se está llevando adelante ya que «lamentablemente» se encuentran con «personas que no necesitan de plano a la ayuda; tal vez han tenido una situación de vulnerabilidad en un momento, pero después esa situación cambia. Hoy estamos tratando de atender con el presupuesto es limitado y que necesitamos destinarlo exclusivamente a aquellas familias que no pueden hacer frente a las cuestiones más básicas, como es un lugar donde vivir, el alimento para sus hijos, bueno, útiles escolares, y diversas situaciones que se van dando permanentemente» entonces «todo esto lleva este volver a reordenar, con recursos que son menores. La coparticipación obviamente ha disminuido hoy».
«Yo hablaba de 3000 casos de despidos en las fábricas. Y la ministra de Industria me confirmaba que son alrededor de 4500, evidentemente esto se va agravando permanentemente. Nosotros tratamos de utilizar los recursos de la forma más racional», aseguró.
Y adelantó que se firmó un convenio para atender la situación de pensiones de discapacidad y poder adelantar 150 millones de pesos, más el 5% que el Gobierno paga por cada uno de los afiliados que utilizan la obra social de la provincia. «No es el caso de toda la discapacidad, porque hay algunos que tienen obra social, pero todos aquellos que usan la obra social de la provincia, además de aporta el 5% en este convenio, lo que nosotros preveíamos era que mensualmente se va a incrementar esta cifra en un 5% y que cada seis meses vamos a hacer una revisión de lo que ha ocurrido y el Gobierno tendrá entonces 30 días para cancelar una deuda en caso de que la hubiera, y en caso contrario, quedarán este para para el próximo mes».
Más gente se atiende en el sector privado y no en los hospitales
Chapperón habló también de fortalecer el sistema público de salud. «Hay que hacer un control exhaustivo de qué es lo que se está utilizando en salud. Los costos han aumentado en forma impresionante, hoy aproximadamente de esos 150 millones, el 50% va en medicamentos y el 50% en prestaciones. Hablábamos con la obra social y nos decía que solo el 2% de las personas están utilizando el sistema público. El resto se está extendiendo en el sistema privado y esto obviamente queda originando cada vez más deuda. Y de alguna manera tenemos también un problema con el hospital mismo».
«Estamos trabajando para poder regularizar esta situación. Hemos formado una comisión que va a empezar a discutir la deuda histórica que tiene el Gobierno con la obra social desde el año 2016. Empezaremos la semana próxima y también deberá pasar por el Tribunal de Cuentas para posteriormente hacer un plan de pago de la misma. Pero también tenemos que ver qué es lo que se está utilizando, no solamente por un tema económico, sino también para mejorar la condición de la gente», finalizó.
