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Río Grande
27 de mayo de 2024

Continúa el reclamo sobre discapacidad en Tierra del Fuego

Por Fabiana Morúa. Familiares y allegados de personas con discapacidad reclaman al Estado que se regularice y se visibilice su situación. Además, a mediados de marzo, habían reclamado por las personas con discapacidad que están en condiciones de trabajar y no pueden acceder al ingresar al Estado Provincial por Ley 48, sea al ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los Municipios o Entes descentralizados de Tierra del Fuego.

Hace unos días, a través de las redes sociales, se compartió un pedido para las vecinas y vecinos fueguinos, “la discapacidad no se padece. Se padece la violencia del Estado hacia nosotros y nuestras familias”; sentenció una usuaria de Río Grande en su Facebook personal.

Asimismo, compartió que las personas con discapacidad de la provincia necesitan de la colaboración de cada una y uno, sus derechos se ven vulnerados y por ello quieren alzar sus voces, en esta oportunidad, juntando firmas. Quien quiera colaborar puede firmar en el siguiente formulario virtual: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecjZNqZKmNUuWCHVY5cUVABiweyDv2E8qq08tTuwAkIWJEYw/viewform?fbclid=IwAR1-qpnZSBgU7wuVmNWQcwtLR8wGVONtixfqr7ld1LJq1h3FLo0m4F9G2VM.

En ese contexto, estas familias, como parte de la sociedad fueguina, se dirigieron a los y las representantes en el Poder Ejecutivo y Legislativo, donde denunciaron: “Violencias y maltratos en las juntas médicas realizadas en Fiscalización Sanitaria del Hospital Regional Río Grande”, así como “falta de capacitación por parte del personal que debe atender las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias en las áreas involucradas”.

También “burocratización en el acceso a Certificados de Discapacidad e Incapacidad y reticencia del Gobierno Provincial en el otorgamiento de pensiones RUPE” y, en esa línea, la “arbitrariedad del Anexo II correspondiente al Certificado Médico Obligatorio (CMO) que se contrapone a lo establecido en la Ley 141 de Procedimiento Administrativo”.

Al reclamo se suma a las personas con discapacidad que estén escolarizada ya que faltan “pares pedagógicos, de seguimiento y adaptaciones curriculares en las escuelas públicas y privadas en todos los niveles. Falta de capacitación a docentes y equipos directivos sobre la reglamentación vigente como también para concretar los ajustes y apoyos necesarios a cada persona según su discapacidad”. Las familias agregaron que se necesita de la “articulación entre profesionales, terapeutas y equipos de gabinetes de las escuelas públicas durante todo el ciclo lectivo”.

Ante las diversas denuncias, exigen que se implementen: “Políticas públicas reales inherentes a la formación educativa en todos los niveles y verdadera inserción laboral de las personas con discapacidad acordes a lo que establece la legislación internacional, nacional y provincial”.

Por otro lado, solicitan que se realice un “censo Provincial de las Personas con Discapacidad y sus familias en Tierra del Fuego”. De esta forma tener un número claro y real para poder “arbitrar los medios para la actualización de Pensiones RUPE de manera automática”, así como el “pago en tiempo y forma por parte del Gobierno Provincial”.

De esta manera, también buscan que se declare “de inconstitucionalidad de la Ley 1072 por regresividad en derechos”, así como abrir a la discusión y “aprobar una nueva Ley de Discapacidad en Tierra del Fuego para que estén garantizados los derechos de todas las personas”. En ese sentido, que se realicen “evaluaciones médicas acordes con profesionales idóneos en discapacidad”.

Volviendo a lo escolar y bajo el pedido de arriba, exigen la “modificación de la normativa vigente para que se autorice el ingreso de acompañantes terapéuticos dentro de las instituciones educativas de toda la provincia”.

También solicitan que se designe “inmediata un delegado o una delegada del INADI en Tierra del Fuego para poder denunciar los hechos de discriminación que viven las personas con discapacidad”.

Comentarios en redes y la junta de firmas

Una usuaria de la red social Facebook, Paola, manifestó que “es terrible lo que está pasando” luego de leer las demandas y exigencias que establecían junto al pedido de colaboración.

“Tengo una discapacidad psíquica que me provoca que tenga que tomar una medicación carísima hasta el día que me muera”, continúo. A su vez, la usuaria aclaró que “no me quisieron dar el CUD, siendo que no trabajo, no cuento con obra social y, en este momento, dependo de mi madre que es una jubilada de 80 años de edad”.

En esa misma contestación aseguró que “el certificado corresponde que lo entreguen por diagnóstico y no están respetando eso”, la cual “es una normativa de la ONU superior a la legislación de los países y ni hablar de las provincias”. También explicó que le dicen que “si se puede acercar sola hasta las oficinas de discapacidad, no me corresponde. Dependo de estar cada 3 meses renovando el plan SUMAR en el Hospital”, espacio sanitario “donde no funciona salud mental, así que tengo que pagar $4000 todos los meses pata que, de forma privada, me hagan las recetas”.

La usuaria detalló que “tampoco me quieren transcribir las recetas en el Hospital, me mandan a los CAPS municipales donde estoy cansada que me traten pésimo porque las doctoras que hay no tienen ni idea de cómo se maneja acción social y todos los meses me hacen un problema”.

Señaló que “las personas con discapacidad psíquica no elegimos la enfermedad que tenemos”. En ese contexto, indicó que “no saben ni se informan del modelo social, tampoco les importa, personas como yo estamos abandonadas por Estado. No les importa si uno está en una situación de vulnerabilidad, no les importa nada con tal de recortar gastos”.

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