En el contexto de la coyuntura económica nacional, el economista Juan Pablo De Luca formuló un análisis detallado sobre el estado actual del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), destacando un virtual congelamiento debido, primero, a demoras en su conformación y dificultades en la adhesión de las empresas, y a la política de no innovar en las áreas bajo la órbita del gobierno nacional.
De Luca explicó, en FM Master’s, que el FAMP, vinculado con la extensión de la Ley 19640, tiene como objetivo impulsar proyectos productivos que amplíen la matriz productiva de Tierra del Fuego. Sin embargo, señaló que el proceso de implementación ha enfrentado obstáculos significativos.
«De cada $100, $40 van a obra pública. El resto va a proyectos productivos. De esos $60 que van a proyectos productivos, $40 lo pueden aplicar las propias empresas. Es ahí donde las mismas empresas que son beneficiarias pueden aplicar a proyectos aplicables», destacó.
El economista subrayó que el FAMP se encuentra actualmente en un estado de virtual congelamiento, reflejando la situación de muchas áreas del gobierno nacional. Explicó que las demoras en la implementación del fondo se deben, en parte, a la tardanza en que las empresas adhieran a la prórroga de la ley.
«Se les exigía bastantes cosas a las empresas para la adhesión a la prórroga. Exigencias coherentes y normales como estar al día en lo fiscal, estar al día en lo laboral. Pero todo eso se demoró», añadió De Luca.
El economista mencionó que algunas empresas, especialmente del sector textil, adhirieron al límite del vencimiento de la prórroga en diciembre del año pasado, lo que contribuyó a la demora consignada.
«A las empresas también les falta terminar de regularizar eso. Ahí empiezan nuevamente con los aportes. Los gobiernos, municipales y de la provincia, presentaron proyectos que fueron evaluados por el FAMP y muchos tuvieron alguna pre aprobación. Toda esa conformación, todavía no se aplica. Esa es la realidad, todavía no se aplicaron los fondos», explicó.
De Luca también abordó críticas sobre la falta de representación local en el comité ejecutivo del FAMP, que, según lo dispuesto en el DNU 725 y el decreto presidencial 727 del 2021, está conformado por representantes designados por el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior, lo que genera discrepancias sobre la falta de participación directa de la provincia.
«El argumento legal que aparecía desde Nación por qué no se podía poner gente de la provincia directamente, porque decían que estos impuestos no cobrados, le pertenecían a la Nación, son impuestos nacionales», concluyó Juan Pablo De Luca.
