El pasado fin de semana hubo varios hechos delictivos protagonizados por personas extranjeras, y desde la Dirección de Migraciones de Río Grande explicaron el proceso vigente para la deportación.
La ley migratoria argentina dictamina que ante cualquier comisión de ilícitos de personas extrajeras que estén dentro de territorio nacional, se va a iniciar un proceso de expulsión, que tiene una parte administrativa y una judicial.
Ante el primer indicio de información sobre un ilícito, Migraciones notifica al juzgado interviniente para darle inicio a la parte administrativa del proceso.
Este proceso, antes de la modificación de la ley de migraciones, duraba entre 5 y 7 años. Pero el decreto 70/2017 agilizó el procedimiento y la expulsión de las personas que delinquían dentro de nuestro país.
La norma comienza señalando que cada Estado tiene «la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales». En ese sentido, afirma que esta potestad se ve actualmente dificultada «por la duración de los procesos administrativos y judiciales» que podía «llegar a los siete años de tramitación» para expulsar a alguien del país.
En el artículo 29 se establece que no podrán ingresar las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- «por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad» o «delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas».
Tampoco podrán ingresar al país quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.
