En el mañana del martes, el secretario de Estado de Seguridad Javier Eposto concurrió a la Legislatura provincial en el marco del requerimiento formulado por la Presidenta de la Comisión de Seguridad, la legisladora Noelia Carrasco, para presentar los resultados del dictamen del Tribunal de Cuentas y responder, en el marco de la reserva que implican las labores de la Comisión, todas las consultas de los legisladores.
Una vez concluida la reunión, Eposto señaló que “estas compras se realizaron en cumplimiento de la ley 1015 de Compras y Contrataciones vigente, y que es una Ley de este gobierno, sino del gobierno anterior. En la misma se estipula que, cuando se requiere adquirir material sensible para la seguridad, se lo realice de forma secreta. Eso no implica que no haya controles, ni un proceso transparente. Por eso, todas las actuaciones fueron debidamente giradas a la Auditoría Interna y al Tribunal de Cuentas para su monitoreo y evaluación”.
En relación a las compras efectuadas, el Secretario señaló que las mismas “eran necesarias, legales y reservadas porque la Policía provincial las necesita para combatir el delito. A partir de la incorporación de los nuevos equipamientos, mejoró notablemente la eficacia policial. Hemos disminuido en más de un 60% el robo con armas, en un 40% la tentativa de hurto y en un 16% la cantidad de flagrancias. Estamos combatiendo el narcotráfico como nunca antes y en conjunto, con todas las fuerzas tirando para el mismo lado, ya sacamos 280 kilos de droga de la calle en estos meses”.
Durante la presentación, el Secretario de Estado de Seguridad expuso los logros alcanzados en materia de seguridad gracias al equipamiento incorporado.
Asimismo, exhibió fotografías y explicó las características de cada uno de los elementos con los que ahora cuenta la Policía provincial. “Distintas fuerzas de seguridad federales suelen solicitarnos asistencia con alguno de los elementos incorporados a la Policía, especialmente en operativos complejos vinculados al narcotráfico. Esto habla de una policía bien equipada y que se ha comprado material útil para la lucha contra el delito” señaló Eposto.
Luego fue el momento de las preguntas de los legisladores, que fueron respondidas por el Secretario de Seguridad. Por último, hizo mención del dictamen del Tribunal de Cuentas Provincial, explicando cada uno de los puntos allí referidos.
“La denuncia penal fue desestimada por la Justicia; y el Tribunal de Cuentas fue muy claro al establecer que no hubo perjuicio fiscal; sino sólo algunas observaciones formales de carácter administrativo. Estas observaciones fueron subsanadas por el personal de planta permanente de la Secretaría, como en cualquier otro tipo de expediente. El Tribunal ha sido muy preciso en su dictamen al señalar que las contrataciones “no han generado perjuicio al erario público provincial” informó Eposto.
En relación a los requerimientos previos de los legisladores Urquiza y Villegas de acceder a los expedientes por fuera de la Comisión de Seguridad y en el marco de la ley 653 de Acceso a la Información, los mismos fueron desestimados por la Jefatura de Gabinete, por tratarse precisamente de una excepción a la norma referida.
No obstante ello, la Jefatura de Gabinete se había comprometido a enviar los expedientes una vez que los mismos fueran dictaminados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en su totalidad, lo que recién ocurrió el 22 del mes pasado.
Conformidad de Villegas
Tras el encuentro, los legisladores del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Mónica Urquiza y Pablo Villegas expresaron su conformidad por los alcances de la reunión reservada de la Comisión de Seguridad.
“Más allá que la presentación de los expedientes haya sido extemporánea, porque se ha demorado más de 8 meses, es una salto cualitativo y un punto de inflexión para la vida política e institucional de la Provincia”, señaló Villegas.
Y remarcó: “Producto de una lucha que encabezamos con la Legisladora Urquiza en noviembre pasado, hemos logrado que los funcionarios de la Secretaria de Seguridad vengan a rendir cuentas al Poder Legislativo y a poner a disposición los 4 expedientes que hemos requerido”, expresó el legislador.
En el mismo sentido, sostuvo que “ha quedado en claro que por encima de la Constitución, no hay ningún funcionario, todos los funcionarios sean del Poder Ejecutivo, Judicial o Legislativo, tenemos la obligación de rendir cuentas” agregando que “que el derecho a la información, es un derecho que nos reconoce nuestra Constitución y los Tratados de Derechos Internacionales”.
Villegas, resaltó que “los expedientes ratifican lo que habíamos afirmado días atrás, porque hay tres de ellos que están refoliados sin la debida constancia administrativa. Queda corroborado que, no se han respetado las reglas de la contratación directa y que salvo dos casos puntuales, la mayoría de las compras que se han efectuado, se han realizado de manera ilegal e ilegítima, bajo la modalidad de compra secreta, cuando no correspondía”.
Por último, afirmó que se analizarán uno por uno los expedientes, y luego de ello, se instarán los mecanismos necesarios.
