Por Rodrigo Almonacid, Lic. en Ciencias Políticas
Semanas después del referéndum que modificó la Constitución de la Provincia del Chubut, eliminando los fueros, vale mirar el hecho con la serenidad del tiempo. No fue un gesto simbólico ni un arrebato coyuntural: fue una reconfiguración de los incentivos que ordenan la relación entre poder y responsabilidad. Con un 63,6% a favor del “Sí”, la ciudadanía dejó un mandato claro y legible: nadie por encima de la ley.
La decisión impacta en tres planos. Primero, el institucional: al suprimir escudos procesales generalizados, se reduce el “costo de transacción” para que la Justicia intervenga cuando haya sospechas razonables de delito. El control judicial deja de depender de acuerdos de desafuero o de mayorías circunstanciales, y la lógica de pesos y contrapesos se fortalece. Segundo, la economía política de las reformas: en un clima polarizado, la sociedad premió una agenda que tocó una fibra sensible, el hartazgo con los privilegios, y envió una señal que trasciende coyunturas. Tercero, el plano sociológico-moral: la vara para quienes detentan poder sube. Ya no alcanza con “no ser culpable”; se espera transparencia activa.
Las objeciones conocidas, riesgo para la independencia de poderes o la autonomía funcional, no resisten el análisis comparado ni la teoría constitucional. Esas autonomías se resguardan por otras vías: competencia definida, debido proceso, independencia presupuestaria y libertad de opinión parlamentaria. En cambio, los fueros de arresto o de proceso, extendidos y mal usados, devienen barreras de impunidad. Chubut recolocó el equilibrio donde debía estar: en la responsabilidad ante la ley.
Conviene, también, ubicar el caso en el clima nacional. Argentina padece, antes que nada, una crisis moral: la sensación de que las reglas se negocian y la excepcionalidad se normaliza según cercanías y cargos. Ese cinismo erosiona confianza, habilita extremos y envenena cualquier programa de estabilización o desarrollo. La decisión chubutense opera, así, como palanca moral: reconstruye un estándar, redefine incentivos y obliga a ordenar conductas.
No es, por sí sola, la solución a la corrupción ni un atajo hacia mejores políticas. Es una condición habilitante.
Hay, además, una enseñanza electoral: aun cuando la marea nacional empujaba en otra dirección, el “Sí” ganó con holgura. El votante distinguió entre una contienda de poder y un hito institucional. Emergió un consenso transversal: basta de blindajes. Convertir ese consenso en política de Estado, como ya ocurre con Ficha Limpia y Extinción de Dominio.
La crisis moral no se resuelve con un artículo ni con un comicio: se resuelve cuando la ciudadanía deja de tolerar el “todos lo hacen”. Chubut ya quitó los atajos y dio, una vez más, un primer paso que el país observará con atención en el camino de reconstrucción de la moral política y la confianza pública.
