Por Fabiana Morúa. Desde la Asociación Fueguina de Graduados en Nutrición buscan que se acompañe una declaración para el avance del proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. El mismo incluye 3 capítulos: Etiquetado Frontal de Advertencia; Publicidad y patrocinio; Entornos escolares. De forma que se demuestre apoyo, acompañamiento y seguimiento de del tema en Tierra del Fuego.
También buscan que se emitan declaraciones de apoyo por parte de los concejos deliberantes y de la Legislatura Provincial.
A través de un comunicado, acompañados por Cátedra Libre por la Soberanía alimentaria de la Universidad Nacional de TDF; Asociación Fueguina de Graduados en Nutrición; Colectivo por la Soberanía Alimentaria y la Salud de los Territorios; Asociación Fueguina de Actividades Subacuáticas y Náuticas; Grupo de Huertas Agroecológicas de TDF; Asociación de Kinesiólogos de TDF; Asociación Civil Fueguina de Profesionales de la Psicología; Asociación Civil de Yoga de TDF; Federación Fueguina de Futsal; Asociación Civil de Huerteros y Chacareros de la Margen Sur (Shelknam); Asociación Civil Chacras Fueguinas; Colegio Profesional de Trabajo Social; Sociedad Argentina de Pediatría Filial Río Grande; Sociedad Argentina de Cardiología Distrito Austral; Sociedad Argentina de Cardiología de TDF, dependiente de la Federación Argentina de Cardiología; Biblioteca Popular Alfonsina Storni Ushuaia; Asociación Manekenk; Beagle Secretos del Mar; Cámara de gimnasios y espacios deportivos de TDF: “Nos pronunciamos a favor del tratamiento del Proyecto de Ley de Promoción de Alimentación Saludable a través del Congreso de la Nación y no a través de otros espacios de discusión como CONAL y Mercosur”.
Sostienen que “la alimentación inadecuada es el segundo factor de riesgo de muerte a nivel mundial, representa el 18,8% de todas las muertes. También es causa de discapacidad y deterioro de la calidad de vida”.
Asimismo, “la mala alimentación determina un contexto de doble carga de malnutrición donde coexiste el sobrepeso y la obesidad con el hambre y la desnutrición. En Argentina, según la última Encuesta de Factores de Riesgos (2018), el 66,1% de las y los adultos presentan exceso de peso”; expresaron.
Sobre “la población infantil, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2018), entre los 5 y 17 años, el 41,1% tiene sobrepeso y obesidad. Entre los 0 a 5 años, el exceso de peso alcanza el 13,6%; tales cifras superan el promedio en América Latina, donde la prevalencia de obesidad infantil en menores de 5 años alcanza al 7,2%, superando el promedio global”.
En nuestra Provincia, “la situación epidemiológica no escapa a la realidad nacional. De acuerdo a estadísticas del Programa de Salud Escolar en el 2018, el exceso de peso se sitúa en un valor del 47,7% (Sobrepeso 22,5% y Obesidad 25,2%)”; detallaron desde AFUGRAN.
“Mientras se mantiene el problema de hambre y desnutrición en la región, en las últimas décadas la transformación de los sistemas agroalimentarios y de los estilos de vida han conducido a crecientes problemas de obesidad y sobrepeso como consecuencia de un mayor consumo de productos altos en grasas, azúcares y sal, pobres en fibra y otros nutrientes, con un impacto negativo en la salud”; recalcaron.
Sentenciaron que “las políticas de etiquetado frontal de alimentos y bebidas fueron reconocidas como efectivas para el cumplimiento de obligaciones de derechos humanos por distintos entes internacionales, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Relatora Especial por el Derecho a la Alimentación y el Relator Especial sobre el Derecho a la Salud de Naciones Unidas”.
“El proyecto que actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, se apoya sobre la mejor evidencia científica disponible. La Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Organización Panamericana de la Salud han reconocido al sistema frontal de advertencias de octógonos negros como una de las medidas recomendadas para regular la producción y desincentivar el consumo de productos con alto contenido de azúcar, sal y grasas, fomentando los entornos más saludables”; determinaron en el comunicado.
Además, “la OMS establece la necesidad de que todas las instancias gubernamentales participen en la prevención de la obesidad infantil, evitar los efectos sanitarios nocivos y mejoren la salud de la población como la equidad en el ámbito sanitario”.
“Las empresas alimenticias y de bebidas azucaradas obstaculizan los procesos de diseño de políticas efectivas a través de argumentos falsos y amenazas, gastan millones de dólares en lobby, en financiamiento de campañas políticas y en interferencia a las políticas de salud pública, mediante la promoción de políticas ineficaces para la salud”; indicaron.
Solicitan a las y los miembros del Poder Ejecutivo de la Nación que “se abstengan de promover un proyecto en el ámbito de la CONAL cuyo estándar es inferior al proyecto que se debate actualmente en la honorable Cámara de Diputados”.
También que “prioricen el derecho a la salud, la alimentación adecuada y el derecho a la información de toda la población en general; en especial de niños, niñas y adolescentes a fin de prevenir las enfermedades no transmisibles, como son el cáncer y la diabetes”.
A su vez, que “prioricen la discusión de este tipo de políticas se genere a través de procesos que garanticen el consenso, el debate, la representatividad de la voluntad del pueblo, la deliberación y su correcto diseño, para garantizar la futura implementación de una política pública, libre de conflicto de interés de determinadas corporaciones e industrias alimenticias y de bebidas azucaradas”.
Paralelamente, “según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI”.
