Una experta analiza el proyecto legislativo impulsado por el Gobierno nacional, que aborda la relación de los trabajadores de delivery y transporte con las apps, en un contexto de debate internacional sobre la regulación del sector.
La economista e investigadora Pia Garavaglia analizó el capítulo de trabajo en plataformas dentro del proyecto de reforma laboral. Según la especialista, la Argentina “sería el primer país del mundo, del mundo, que dice no, el trabajador de plataformas no es trabajador, es un prestador de servicios, con lo cual a la empresa no le corresponde darle algún marco protectorio”. Su enfoque contrasta con las tendencias regulatorias globales que buscan formalizar estos vínculos.
La experta detalló que el sector abarca a repartidores, conductores y quienes ofrecen servicios domésticos a través de apps. Señaló que la propuesta actual otorga “algunas cuestiones asociadas a la libertad de conexión”, pero excluye “todo lo que es contribuciones patronales poder tomarte alguna licencia, tener un derecho de apelar a alguna decisión automatizada”. Esto ocurre mientras “todas las herramientas de trabajo corren por cuenta del trabajador”, quien asume los riesgos y costos operativos.
Garavaglia enfatizó que en otros países se avanza hacia marcos que brinden protección social, incluso para trabajadores que no califican como empleados plenos. “Se trata de avanzar en ese sentido, de que por más que trabajes una hora, media hora por la plataforma (…) se tiene que contemplar mi acceso al sistema de seguridad social, mi jubilación, mi protección médica”, explicó. Mencionó el caso de Chile, donde existe una regulación que incluye auditorías y participación sindical.
La investigadora alertó sobre el efecto expansivo de este modelo: “Legitimar cómo funciona una plataforma de reparto hoy, sí puede significar lo que le puede ocurrir con el trabajo que tiene hoy en día en un par de años”, afirmó, refiriéndose a la extensión de lógicas de vigilancia y decisión algorítmica a otros sectores, como el trabajo remoto.
El debate ocurre en paralelo a las discusiones en la Organización Internacional del Trabajo para establecer estándares globales sobre la materia.
