El gremio docente presentó en la Legislatura fueguina un proyecto alternativo que evita impuestos adicionales, priorizando la reasignación presupuestaria, regalías hidrocarburíferas y superávit portuario para garantizar recursos educativos.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) presentó ante la Legislatura provincial una iniciativa propia para el financiamiento educativo, distanciándose de propuestas que incluyen nuevos tributos. El proyecto, elaborado como alternativa a los presentados por otros sectores -como el impulsado por el SUTEF-, busca optimizar los recursos existentes sin incrementar la carga impositiva sobre comercios o ciudadanos.
Juan Carrizo, referente del gremio, explicó que la iniciativa se centra en tres ejes fundamentales: la creación de un fondo específico para salarios docentes, infraestructura escolar y equipamiento pedagógico; la redistribución de partidas ya asignadas al sector educativo; y el uso de regalías hidrocarburíferas y excedentes portuarios. «No es necesario crear más impuestos. Hablamos de racionalizar estructuras gubernamentales ineficientes que absorben presupuesto sin resultados», afirmó.
El proyecto de AMET cuestiona la opacidad en el manejo del Fondo de Servicios Sociales (Ley 907), cuyos recursos, provenientes de comercios, están destinados a educación y salud, pero carecen de fiscalización clara. «Los aportes ya existen; el problema es su redistribución», señaló Carrizo. Además, propone reorientar parte de las regalías de hidrocarburos y los ingresos extraordinarios del puerto de Ushuaia, que registra altas ganancias durante la temporada turística.
La propuesta surge en respuesta al rechazo social a iniciativas que planteaban tributos adicionales. «Demostramos que se puede cubrir lo que falta en educación sin afectar más a la economía local», remarcó el dirigente, enfatizando que el Estado debe priorizar la eficiencia antes que ampliar la base impositiva.
Con esta medida, AMET busca reabrir el debate sobre el financiamiento educativo en la provincia, aunque su viabilidad dependerá del consenso político. Mientras tanto, el gremio insiste en que la solución no pasa por más impuestos, sino por una gestión transparente y estratégica de los recursos disponibles.
