La justicia federal confirmó la acusación y las medidas cautelares contra el ex presidente, acercándolo a un eventual juicio oral por la causa que investiga el direccionamiento de pólizas.
La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga las contrataciones de seguros durante su gobierno.
El tribunal, integrado por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, con disidencia parcial de Eduardo Farah, ratificó la calificación de negociaciones incompatibles con la función pública.
También mantuvo firme el embargo de bienes y la prohibición de salida del país para el exmandatario y los demás imputados. La resolución subraya que existió una “intervención desde la Presidencia” y un rol activo de la Secretaría Privada en el direccionamiento de pólizas hacia la aseguradora estatal Nación Seguros S.A.
El fallo también alcanza a su ex secretaria privada, María Cantero, y al broker Héctor Martínez Sosa, señalado como uno de los principales beneficiados.
Los camaristas determinaron que Fernández ejerció “influencia directa” para favorecer a Martínez Sosa, con quien mantenía un vínculo personal y comercial.
Como evidencia, citaron un intercambio de mensajes de mayo de 2023 donde, ante la advertencia de Cantero sobre la designación de otro broker en Cancillería, Fernández respondió “ya me ocupo”, revirtiéndose la designación cinco días después.
El tribunal remarcó que, desde su asunción, el empresario recibió el 59.6% de todas las comisiones pagadas por Nación Seguros a intermediarios.
Este crecimiento, sumado a préstamos personales, obsequios y deudas entre ambos, permitió “deducir razonablemente” un conflicto de interés.
La Cámara describió una red de “recaudación y distribución de fondos públicos” que se consolidó con un decreto que obligaba a los entes estatales a contratar con la compañía estatal.
Se confirmaron los procesamientos de ex funcionarios y directivos de Nación Seguros y se amplió la acusación por cohecho para cinco imputados, mientras se revocó la de otros ocho.
Con el procesamiento firme, la causa avanza y el fiscal Carlos Rívolo debe definir si pide su elevación a juicio oral.
