Así lo afirmó el abogado representante del gremio de Camioneros, Francisco Giménez, y agregó que se presentó el pedido de prescripción de varios de los dirigentes, algunos gremiales y otros afiliados al gremio de Camioneros que habían sido juzgados y condenados por los hechos de la toma de casa de gobierno.
El delito por el cual fueron acusados y condenados era un de los más leves del código penal: por daño y resistencia a la autoridad en su mayoría, los cuales deben ser investigados y juzgados dentro de un determinado lapso de tiempo. Pasado ese lapso prescribe y la persona tiene derecho a solicitar al estado que resuelva la causa.
Desde la sentencia de diciembre del 2015, el superior tribunal de justicia tenía dos años para resolver si confirmaba o resolvía la apelación presentada.
“Interpretamos con los abogados de los docentes que este plazo se había excedido, con lo cual la causa tendría que haber quedado sin efecto”,dijo el abogado por radio Nacional Ushuaia. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia resolvió que no estaban prescriptos los hechos y confirmó las condenas, argumentando que para los funcionarios públicos no prescriben los hechos mientras tengan esa calidad de funcionario público.
En este sentido explicó que, según el código penal, cuando hay funcionarios públicos involucrados en un delito; al coautor o cómplice que está en la causa junto al funcionario público tampoco le prescribirían los hechos mientras haya un funcionario público investigado.
Al respecto, Giménez indicó que “hay un error, porque el superior tribunal dice que fueron condenados como coautores junto a los docentes, y el fallo no lo dice en ningún momento, sino que fueron condenados como autores.”
“Como son hechos menores, el código establece un plazo de prescripción de dos años, pero si la justicia se tomó más tiempo debería hacerse cargo, no quisieron tomar el costo político que implica absolver a todo el mundo por exceder ese plazo, dijo Giménez.
Además indicó que dentro de la causa se estarían confundiendo la figura del trabajador público como es el caso de los docentes, y a quienes se los toma como funcionarios públicos, “esta es la explicación que se encontró para no sobreseer a todo el mundo, y creo que si esto llega a la corte suprema de justicias de la nación seguramente lo va a revocar porque hay antecedentes de sobra que no puede ser aplicable a un docente las mismas reglas que a un funcionario público”, dijo.
