El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó ayer un convenio de cooperación con Tierra del Fuego mediante el cual se compromete a asistir, asesorar y colaborar en la elaboración de un proyecto de infraestructura penitenciaria acorde a las necesidades y requerimientos de la provincia.
Cuando la obra esté finalizada y habilitada, la provincia entregará 30 cupos a la Nación, para ser utilizados para el alojamiento de presos federales.
La construcción y la ejecución del proyecto será enteramente financiado por la provincia, de acuerdo al convenio firmado por Facundo Bargalló Banegas, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, y el ministro de Gobierno y Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, José Luis Álvarez.
El objetivo es optimizar la prestación del servicio de justicia y enfrentar el incremento de la población carcelaria que supera en un 12% la capacidad operativa de alojamiento ideal del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Ante esta realidad, el Ministerio de Justicia impulsa distintas políticas como la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad, mediante la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica y se amplió su aplicación a todo el país. Actualmente hay más de 800 pulseras activas y 1.900 ya fueron entregadas a las provincias.
En la misma línea, la cartera decidió grandes inversiones en infraestructura carcelaria como la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote en Mercedes, provincia de Buenos Aires y el Centro Federal Penitenciario Argentino–Coronda, en la provincia de Santa Fe. Entre ambas se sumarán 1.600 plazas.
Asimismo, se avanza en la relocalización del Complejo Devoto y su traslado al nuevo Complejo Penitenciario Federal V de Marcos Paz, con capacidad para 2.240 internos.
