Así lo afirmó el gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, luego de acompañar, junto a 11 gobernadores, el pedido de juicio político contra la máxima autoridad de la Corte.
Convocados por el presidente Alberto Fernández, un grupo de gobernadores se reunió este martes en Casa Rosada, para diseñar el pedido de juicio político que impulsará contra los cuatro jueces de la Corte Suprema.
El encuentro, que comenzó al mediodía, contó con la participación de los mandatarios provinciales Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).
También con la participación de los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Los gobernadores de esas provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, se conectaron por videoconferencia.
En la reunión, que se desarrolló en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, acompañaron a Fernández el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro.
«Junto a gobernadores, vicegobernadores, vicegobernadoras y gobernadoras hemos tenido una reunión con el Presidente de la República con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», dijo el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.
Mientras que el gobernador Melella se manifestó por su cuenta de Twitter y afirmó que “en defensa de la Constitución Nacional y en rechazo al avance del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, con atribuciones que no le son propias, acompañamos el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y demás miembros”.
Según Melella, “este último fallo arbitrario e inconstitucional, es una determinación teñida de parcialidad política por parte de la Corte Suprema que lesiona la equidad e igualdad en la distribución de los recursos, perjudicando a las provincias”.
“Estamos ante una resolución con una mirada unitaria netamente centralista, que responde a intereses políticos. Todo se agrava con la aparición de los chats que son realmente escandalosos. Esto no le hace bien a la vida institucional de la Argentina”, concluyó.
