De los cinco proyectos que la cámara de diputados recibió, sólo uno tiene apoyo político de peso de los legisladores que integran diferentes fuerzas.
Estas son las principales claves del proyecto:
El texto prevé una reforma del Código Penal para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo antes de las primeras 14 semanas de gestación.
El proyecto dice que «toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo» y establece un plazo máximo de cinco días para la realización del proceso luego después de su requerimiento.
Más allá de ese plazo y sin perjuicio al poder de decisión de la mujer, el proyecto también contempla la autorización para abortar cuando el embarazo fue producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer o si el feto tiene deformaciones graves.
Para que se practique el aborto, será requisito el consentimiento escrito de la mujer.
El proyecto también establece que el sector público de salud, las obras sociales (enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661), las prepagas y aquellos servicios médico-asistenciales deberán incorporar obligatoriamente las prestaciones que permitan brindar cobertura integral a la interrupción del embarazo.
No se requerirá autorización judicial para practicar el aborto.
Si el aborto debe ser practicado en una menor entre los 13 y 16 años, se presumirá que la mujer cuenta con la «aptitud y madurez» suficiente para prestar su consentimiento. Si, en cambio, la mujer tiene menos de 13 años, se requerirá el consentimiento de un progenitor o representante legal.
