Debido a que las personas con discapacidad que perciben pensiones RUPE no han recibido el bono y el monto de las mismas está congelado comenzaron una campaña a través de las redes sociales. “En tiempos de pandemia y aislamiento social exigimos políticas públicas prioritarias para las PCD” señalaron y pusieron a disposición un flyer “para estados de WhatsApp, compartir en Facebook, Instagram y Twitter” y aseguraron que las personas con discapacidad “son un grupo de riesgo particularmente vulnerable: No pueden dar continuidad a sus tratamientos o actividades terapéuticas; suman una tensión y una incertidumbre más a las que habitualmente sufren; la restricción de autonomía debida al confinamiento acentúa las que diariamente sufren por las barreras sociales”.
Desde la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma explicaron que “pese al reclamo realizado oportunamente por esta Comisión a través de distintas vías, en el pago de la suma fija que se liquidó a los trabajadores estatales se excluyó una vez más a los beneficiarios RUPE, que en su mayoría son Personas con Discapacidad. Lamentablemente, la decisión del ministerio de Desarrollo Humano no genera sorpresa en este colectivo, que ve una vez más cómo los recursos económicos y humanos que se prometen en campaña para los más vulnerables se terminan escurriendo por las alcantarillas del discurso proselitista”.
Asimismo manifestaron desde la Comisión que “No desconocemos la crítica situación que nos atraviesa pero tampoco olvidamos que, gobierno tras gobierno, las promesas incumplidas por los candidatos no sólo no amplían derechos al colectivo de PCD si no, que solapada o abiertamente, los recortan.
Discapacidad y pandemia
En medio de la pandemia que ha transformado la realidad de nuestras vidas, las PCD son un grupo de riesgo particularmente vulnerable: No pueden dar continuidad a sus tratamientos o actividades terapéuticas; suman una tensión y una incertidumbre más a las que habitualmente sufren; la restricción de autonomía debida al confinamiento acentúa las que diariamente sufren por las barreras sociales”.
En este sentido aclararon desde la CTA que “No podemos omitir que muchas de las familias en las que hay unx PCD no cuentan para la subsistencia con otro recurso más que la pensión RUPE, sobre todo hoy en que la posibilidad de acceder a otros ingresos mediante changas o trabajos informales no existe.
Considerando el reducido número de beneficiarios RUPE y que, tal como lo ha reconocido la ministra de Desarrollo Humano, el cumplimiento de la Ley en relación al monto de la pensión implica una erogación insignificante en el presupuesto de la provincia, queda en evidencia que lo que falta es la decisión política de cumplir con lo que la Ley manda para que las PCD puedan ejercer su derecho”.
Finalmente remarcaron que “dada la situación social extrema, instamos a las autoridades a que den prioridad en la entrega de módulos alimentarios a las Personas con discapacidad y sus familias.
En ese mismo sentido, exigimos al ministerio de Desarrollo Humano que arbitre los medios necesarios para que el Poder Ejecutivo Provincial pague a los pensionados RUPE los dos bonos que se les liquidó a los trabajadores estatales en febrero y marzo y cumpla lo que manda la Ley Provincial N° 712 en relación al monto de dichas pensiones”.
