Molestas por un monto de compensación dispuesto por la Casa Rosada al que consideran exiguo, las 15 provincias beneficiadas por una medida cautelar de la Corte Suprema que les protege la coparticipación del impacto de las medidas post PASO de Mauricio Macri oficializarán formalmente su disconformidad en las próximas horas, de la mano de sendas presentaciones (individuales, pero coordinadas en bloque) ante el máximo tribunal y ante el Ejecutivo nacional.
Más allá de que los mandatarios vieron como un avance positivo que la Casa Rosada haya destrabado el inicio de los pagos, el malestar se instaló en torno al tenor del monto propuesto -serían unos $2.629 millones hasta fines de enero-, al que consideran insuficiente frente a un costo fiscal para las provincias del orden de los $ 45 mil millones. Y con el fin de año, cargado de mayores compromisos (como el aguinaldo), sobre sus espaldas.
El endurecimiento de la postura se produce en la antesala a la cumbre de ministros de Economía de las provincias que se desarrollará mañana en la sede de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), en tierra porteña y en paralelo a la reunión de agenda ya prevista por ese organismo.
La mirada de las provincias está puesta en arrancarle una mayor compensación a Macri antes de que entregue el mando al flamante presidente electo Alberto Fernández.
Y no se trata de una pretensión sólo de los mandatarios que desembarcaron en la Corte a fines de agosto contra el mix de medidas pro consumo de Macri que erosionaron la coparticipación (que incluyen la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA a los alimentos de la canasta básica): de hecho, además asistirán mañana a la reunión en la CFI ministros de Economía de distritos que no optaron por la vía judicial, y que sin embargo también exigen ser compensados. Un planteo que políticamente ya avaló Balcarce 50, aunque hasta ahora no emitió el decreto de rigor.
El primer lote -el que accionó en la Corte- está integrado por Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Tras cosechar la cautelar a principios de octubre, y frente a las demoras en los pagos ordenados (luego de un pedido de aclaratoria desplegado por la Casa Rosada), presentaron una andanada de intimaciones, que derivó en la decisión del Gobierno nacional de iniciar la semana pasada los pagos a las provincias para cumplir con el fallo.
Esa estrategia oficial incluyó el pago de una primera cuota en las últimas horas de $674 millones a esa quincena de distritos (en carácter de “retroactivo”), mientras que además define un goteo diario de coparticipación hasta fines de enero que eleva ese monto a unos $2.629 millones, según fuentes provinciales a partir de la orden de pago que la Secretaría de Hacienda elevó al Banco de la Nación Argentina.
Pero ese monto está muy lejos del costo fiscal de cerca de $45 mil millones que denuncian los gobernadores para la totalidad de las provincias.
Hoy, de la mano del decreto 740/2019 oficializado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional determinó que los pagos a esas jurisdicciones “se harán con recursos propios con cargo a Rentas Generales, no formarán parte del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Administración Nacional para los años 2019 y 2020, y se efectuarán en forma diaria y automática por instrucción del Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Hacienda, al Banco de la Nación Argentina”. (Ambito.com)
