La concejal del Partido Verde, Laura Colazo, impulsa un proyecto para “prohibir” la suspensión de la Ordenanza 2522 del 2008 referida al Presupuesto Participativo.
Se trata de una herramienta de participación que tienen los vecinos de diferentes sectores de la ciudad para decidir qué obras se pueden realizar en sus barrios de acuerdo al presupuesto que se les asigne a través de los mecanismos pertinentes.
La propuesta de Colazo se limita a un solo artículo en el cual se establece la prohibición de suspender la aplicación de la norma tal como sugiere el proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo Municipal que se discute en el ámbito de la Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante.
En los considerandos de la propuesta la concejal del Partido Verde señala que el “Presupuesto Participativo es una forma de gestión del presupuesto comunal, en el cual la población, a través del desarrollo de jornadas participativas, debate acerca de sus prioridades”, además recuerda que “el objetivo del mismo es permitir a la población en general, divididos en zonas y mediante foros, pueda brindar opiniones sobre proyectos comunitarios, sociales y culturales, y así cubrir las necesidades reales que tienen los miembros de nuestra comunidad”.
Y recordó que “el presupuesto participativo fijado para el año 2015 fue de $9.093.476,00; en el año 2016, $9.635.642; en el año 2017, $12.945.498,00; y de $17.954.275 para el año 2018” y reprochó que “durante el año 2017 se efectuó un pedido de informe emitido por el Cuerpo de Concejales, sobre la ejecución del Presupuesto Participativo de dicho período, pero nunca fue respondido”.
Por lo tanto y sobre la propuesta de suspender la aplicación de la norma durante el año próximo, expresa que esta decisión “implicaría no solamente una afectación a un derecho creado en beneficio de los vecinos, sino que también impide por el plazo de un año la posibilidad de llevar a cabo los proyectos que ellos aportan”.
Entendiendo además que “de esta forma se habilita al Estado a suspender indeterminadamente la aplicación de una norma que se encuentra vigente y que perdería esencia y sentido si puede dejársela sin efecto utilizando mecanismos que no se condicen con el espíritu de la Carta Orgánica Municipal”.
