Integrantes de la CGT Río Grande brindaron una conferencia de prensa donde aseguran que lo firmado por el gobierno nacional y la gobernadora Rosana Bertone, “no es un acuerdo, es la imposición extorsiva de la ceocracia, un trabajador extorsionado jamás puede acordar”.
Los dirigentes gremiales aseguraron que, “la gobernadora Bertone faltó a la palabra, tras acordar sin consensuar con los firmantes de la mesa de dialogo provincial oportunamente convocada, en la que se expresó con claridad que no se negocia la aceptación de las reformas laborales, previsionales o impositivas que sean nocivas para el pueblo fueguino”.
Ante esto expresaron que: “Exhortamos a la Gobernadora a poner en discusión con la sociedad fueguina el perjudicial acuerdo que traicionó el mandato acordado y que convoque a una nueva reunión con todos los firmantes del consenso, como se comprometió en la convocatoria del 3 de noviembre, como así también a los Legisladores provinciales y Cámaras legislativas”.
Desde la entidad sindical afinaron que, “la reducción gradual de las alícuotas de los impuestos internos planteada por el gobierno de Macri representa la desaparición de la industria electrónica fueguina”.
“La acción perpetrada por el Ministerio de la Producción de la Nación en connivencia con de las empresas y la complicidad de la gobernadora Rosana Bertone, constituye un esquema que tiene como principal objetivo maximizar las ganancias de las empresas hasta el año 2023, en detrimento de los salarios de los trabajadores metalúrgicos”, detallaron.
En concordancia con lo expresado, indicaron que, “este gradualismo constituye una herramienta para hacer que se acepten medidas inaceptables, para imponer paso a paso, un estado mínimo, privatizaciones, precariedad, destrucción de la industria nacional, flexibilización laboral, precarización laboral y salarios mínimos para maximizar la acumulación del capital de las grandes empresas.”.
El acuerdo firmado, “no sólo constituye un perjuicio para el sector electrónico sino que constituye la afectación para todos los trabajadores y habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego ya que la economía provincial, depende directamente de la bonanza del sector industrial, que constituye el 80% del empleo del sector privado”.
Ante esta situación” la CGT tiene la responsabilidad y obligación de rechazar el acuerdo firmado que constituye la entrega de la dignidad, la autonomía y la soberanía popular de los fueguinos”.
