La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) cerró hoy la paritaria con el Gobierno tras acordar un incremento salarial del 15% en tres cuotas, más un bono de 2.000 pesos y el cese de los despidos por sesenta días.
En un comunicado dirigido a los afiliados, el líder del gremio, Andrés Rodríguez, dijo que «somos concientes que no es el acuerdo ideal», y argumentó que decidió aceptar la oferta del Gobierno para evitar al menos por dos meses una sangría de puestos de trabajo.
UPCN aceptó una nueva propuesta del Gobierno días después de rechazar la primera oferta, que consistía en un incremento salarial del 12% para todo el 2018, en medio de un fuerte ajuste del gasto público para reducir el déficit anunciado por la gestión de Mauricio Macri.
«Si bien es cierto que muchos sectores han avanzado en acuerdos similares en número y tramos, no es menos cierto que a mayores niveles de tensión o conflicto no se han logrado acuerdos económicos superiores; así es que hemos decidido cerrar el acuerdo, priorizando por sobre todo guarismo la preservación de los puestos de trabajo», dijo Rodríguez.
El incremento salarial que cerró UPCN quedó así doce puntos porcentuales por debajo de la inflación esperada (27,1%) por el mercado para este año, según el Relevamiento de Expectativas que publicó ayer el Banco Central.
El 15% de aumento remunerativo se pagará en tres cuotas: 3% en julio, 6% en agosto y 6% en septiembre. El acuerdo contempla el pago en junio de un bonos de 2.000 pesos por única vez para todos los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo 214/06, señaló el gremio en su comunicado.
Por otro lado, habrá una suma fija para todos los empleados públicos con «Nivel A» (que ganan más de 40.000 pesos mensuales), que se abonará 2.000 pesos en julio y 4.500 pesos desde agosto en adelante.
El entendimiento entre Rodríguez y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, contempló una cláusula de revisión para marzo de 2019.
El Gobierno aceptó dar acceso a los cargos a los empleados públicos que ya concursaron.
También habrá un cese de los despidos por 60 días en todos los ámbitos del Estado, a partir de la conformación de una mesa de diálogo para discutir el impacto que podría tener en la población de trabajadores el establecimiento de «dotaciones óptimas» declaradas por la cartera de Modernización.
