Hace más de un año el Gobierno nacional puso sobre la mesa una herramienta concreta: una ley que permite a provincias y municipios adherir a un régimen de incentivos con un objetivo claro y medible: atraer inversiones reales. No anuncios. No promesas. Inversiones con nombre, montos, plazos y generación de empleo.
En gran parte del país, esa herramienta ya dejó de ser una abstracción. Los proyectos aprobados y en proceso muestran cifras, sectores definidos y proyecciones de largo plazo. Hay obras en marcha, puestos de trabajo creados y expectativas productivas que comienzan a materializarse. En Tierra del Fuego, en cambio, nada de eso ocurre.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones fue diseñado como un cóctel de beneficios fiscales y aduaneros de largo plazo, cuyo costo fiscal es absorbido por el Estado nacional. El esfuerzo presupuestario no recae sobre las provincias, pero sí los beneficios económicos, laborales y productivos. Aun así, el Gobierno fueguino decidió mantenerse al margen.
El resultado está a la vista: la provincia quedó afuera de esa ola de inversiones, afuera de la generación de empleo genuino y de la economía circular que se activa cuando llegan proyectos de envergadura. Esa exclusión no responde a una imposibilidad técnica ni a una limitación legal. Responde a una decisión política.
En ese marco, en los pasillos políticos y en el discurso informal del propio oficialismo comenzó a deslizarse la idea de un eventual “RIGI provincial”, una alternativa que aún no fue anunciada formalmente por el gobernador, pero que aparece como respuesta discursiva frente a la falta de adhesión al régimen nacional. De confirmarse ese camino, la provincia volvería a apostar a grandes anuncios sin respaldo concreto, mientras las inversiones reales —las que ya tienen proyectos aprobados y en proceso en el resto del país— siguen pasando de largo.
Vale recordar, además, que la discusión no es nueva. Desde hace al menos dos años, el Gobierno provincial sostuvo una negativa reiterada frente a este tipo de esquemas, sin abrir un debate profundo ni ofrecer alternativas superadoras. Hoy, en un contexto de recursos más escasos, con márgenes cada vez más estrechos y una economía que muestra señales de agotamiento, comienzan a aparecer versiones de revisiones tardías. No como parte de una estrategia planificada, sino empujadas por una realidad que reduce opciones y obliga a repensar decisiones que durante demasiado tiempo se mantuvieron cerradas.
Defender los intereses fueguinos no es mirar para otro lado cuando el país se mueve. No es atrincherarse en posiciones cómodas ni ensayar respuestas parciales cuando el escenario se vuelve más exigente. Gobernar también es decidir, y no adherir a un régimen que ya muestra resultados es una decisión que tiene costos.
La pregunta ya no es si el RIGI es perfecto. La pregunta es cuántas oportunidades más está dispuesta a perder Tierra del Fuego antes de asumir un debate serio sobre su futuro productivo. Porque cuando la ideología pesa más que los intereses provinciales, el costo siempre termina pagándolo la sociedad.
