Tras varios días de tensión y protestas, el Gobierno de Santa Fe alcanzó un entendimiento con efectivos policiales que permitió restablecer plenamente el patrullaje y encauzar los reclamos salariales por la vía institucional.
El Gobierno de Santa Fe logró encauzar el conflicto con un sector de la Policía provincial y anunció la normalización total del servicio de seguridad, luego de varios días de protestas y reclamos salariales en Rosario y otras ciudades.
El acuerdo se alcanzó tras una instancia de diálogo encabezada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, que permitió desactivar las medidas de fuerza y garantizar el regreso pleno de los efectivos a sus tareas habituales. Desde la administración provincial destacaron que, aun en los momentos de mayor tensión, se sostuvo la operatividad en las calles y no se vio afectada la cobertura preventiva en los principales centros urbanos.
Uno de los puntos centrales del entendimiento fue el compromiso oficial de no avanzar con nuevos pases a disponibilidad vinculados a la protesta, además de revisar la situación de los efectivos que habían sido alcanzados por sanciones administrativas. Esa señal política fue clave para distender el conflicto y facilitar la vuelta a la normalidad.
En paralelo, el Ejecutivo ratificó que continuará trabajando en la actualización salarial y en mejoras vinculadas a condiciones laborales, horas adicionales y asistencia operativa. Las autoridades subrayaron que el objetivo es garantizar que ningún integrante de la fuerza perciba ingresos por debajo de parámetros básicos y sostener un esquema previsible de recomposición.
El gobernador Maximiliano Pullaro y su equipo de Seguridad remarcaron que la prioridad fue siempre preservar el servicio esencial que presta la Policía y evitar que la situación escalara. Con el patrullaje restituido y los canales institucionales abiertos, la provincia recupera estabilidad en un área sensible.
El cierre del conflicto representa un paso importante para consolidar el orden interno de la fuerza y reafirmar el compromiso de las autoridades con una política de seguridad que combine disciplina, reconocimiento profesional y diálogo permanente.
