El juez federal de Ushuaia se declaró incompetente y afirmó que la intervención del Puerto de Ushuaia debe ser discutida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución no analiza el fondo del reclamo ni la legalidad de la medida dispuesta por el Estado nacional, pero sí deja expuesta la estrategia judicial adoptada por la Provincia.
El conflicto judicial iniciado tras la intervención del Puerto de Ushuaia ingresó así en una etapa clave. El magistrado Federico H. Calvete sostuvo que, por la naturaleza del planteo y las partes involucradas, el caso no puede tramitar ante la Justicia Federal local.
La definición del juez
En sus considerandos, Calvete explicó que cuando una provincia demanda a un organismo del Estado nacional y el planteo involucra cuestiones de manifiesto carácter federal —como la autonomía provincial, el régimen federal y competencias no delegadas—, la competencia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional no es una opción disponible para las partes, sino una regla de orden público constitucional.
Según el fallo, permitir que los litigantes elijan el tribunal implicaría dejar librada a su voluntad la determinación de la instancia judicial, algo incompatible con el diseño institucional del sistema federal argentino.
La resolución no concede ni rechaza la medida cautelar solicitada por la Provincia, ni se pronuncia sobre la legalidad de la intervención. Su alcance se limita estrictamente a definir dónde debe discutirse el conflicto.
Cómo se inició el conflicto
La intervención del Puerto de Ushuaia fue dispuesta por el Estado nacional a través de una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Frente a esa decisión, la Provincia de Tierra del Fuego optó por judicializar la medida y presentó la demanda ante el Juzgado Federal de Ushuaia, sin acudir directamente a la Corte Suprema pese a tratarse de un conflicto entre una provincia y el Estado nacional.
La acción fue impulsada con asesoramiento letrado externo, encabezado por el constitucionalista Juan Carlos Cassagne. En el trámite del expediente quedó expuesto además que no existió una comunicación formal previa a la Fiscalía de Estado sobre la estrategia judicial adoptada. El organismo luego se excusó de intervenir como representante legal, manteniendo un rol de control.
Qué puede pasar ahora
Con la incompetencia declarada, se abren dos caminos procesales. La Provincia puede insistir en sostener la competencia del juzgado federal local, lo que implicaría prolongar la discusión procesal sin avanzar sobre el fondo del conflicto. La otra alternativa es consentir la decisión y llevar el planteo directamente a la Corte Suprema, tal como indicó la Justicia Federal.
A partir de ahora, la estrategia que adopte el Gobierno provincial permitirá evaluar si busca una definición rápida sobre la legalidad de la intervención o una disputa más extensa centrada en la competencia
