Con el inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno reactiva la reforma del régimen penal juvenil, un proyecto clave para su agenda de seguridad, ahora con financiamiento incluido.
Qué pone en juego el Gobierno
Con el comienzo de las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo volvió a enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del régimen penal juvenil, que había perdido estado parlamentario en 2025. La iniciativa es una de las prioridades políticas del oficialismo y apunta a dar una señal en materia de seguridad.
La novedad: el costo de la reforma
A diferencia del texto anterior, el nuevo proyecto incorpora un presupuesto específico para su implementación. Según el cálculo oficial, el costo total asciende a $23.739 millones, con partidas asignadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. La falta de financiamiento había sido uno de los principales cuestionamientos en el debate previo.
El punto más sensible: la edad penal
El eje más controvertido del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El oficialismo sostiene que la reforma busca adecuar el sistema penal juvenil a delitos cada vez más graves, mientras que sectores de la oposición y especialistas advierten sobre el impacto penal sobre menores.
La postura de la oposición dialoguista
En Diputados, bloques opositores anticiparon que insistirán en modificar el texto para fijar la edad mínima en 14 años, una alternativa que había logrado mayor consenso en comisiones durante 2024, aunque nunca llegó al recinto.
Qué establece el nuevo régimen
El proyecto crea un sistema de responsabilidad penal juvenil con sanciones diferenciadas: desde medidas alternativas, como reglas de conducta o tareas comunitarias, hasta penas de prisión para delitos graves, con límites específicos para adolescentes.
Críticas y reparos
Organizaciones sociales, referentes de derechos humanos y sectores de la Iglesia cuestionaron la iniciativa por su enfoque punitivo y señalaron la falta de infraestructura y dispositivos de contención adecuados para menores en conflicto con la ley.
Los próximos pasos en el Congreso
La iniciativa será tratada en un plenario de comisiones y el Gobierno busca llevarla al recinto durante el período extraordinario. El avance del proyecto dependerá de si el oficialismo logra construir acuerdos en un Congreso atravesado por fuertes diferencias políticas.
