En un contexto de restricciones presupuestarias y mayores exigencias sobre las finanzas públicas, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego dispuso una serie de medidas destinadas a ordenar el uso de los recursos disponibles y asegurar la continuidad del servicio de justicia.
La resolución establece una restricción general en la adquisición de bienes e insumos, limitándola exclusivamente a aquellos indispensables para el normal funcionamiento del sistema judicial. Como criterio central, se prioriza el cumplimiento de contratos y obligaciones ya asumidas, con el objetivo de evitar la generación de nuevos compromisos que puedan afectar la ejecución presupuestaria.
Entre los puntos destacados, se resolvió limitar el uso del sistema de caja chica a situaciones de urgencia debidamente fundadas, excluyendo su utilización para compras menores que no revistan carácter urgente o imprescindible. La medida apunta a reforzar los mecanismos de control interno y promover un uso más cuidadoso del gasto corriente.
En materia de obra pública, la resolución dispone que la ejecución de nuevos trabajos quedará supeditada a la disponibilidad efectiva de fondos o a la posibilidad concreta de afrontar los pagos correspondientes. Se exceptúan únicamente aquellas obras cuya paralización pueda implicar riesgos estructurales, de seguridad o mayores costos futuros. En ese marco, se mantiene la obra del muro de contención del edificio sede del Superior Tribunal de Justicia, por razones vinculadas a la seguridad edilicia.
Finalmente, el documento recomienda a todas las direcciones, áreas y dependencias del Poder Judicial extremar el cuidado en el uso de los recursos, promoviendo una gestión basada en la prudencia, la previsibilidad y la priorización de lo esencial.
La medida se inscribe en una política de administración responsable, orientada a preservar el funcionamiento institucional y anticiparse a eventuales tensiones financieras, sin afectar el acceso a la justicia ni la prestación de los servicios esenciales.
