El abogado sostuvo que el Estado nacional tiene competencia para fiscalizar el funcionamiento del puerto y afirmó que la Provincia debió actuar con abogados del propio Estado y con participación de la Fiscalía de Estado. “Todo lo otro es pérdida de tiempo y dinero”, señaló.
El abogado fueguino Raúl Aciar sostuvo que la intervención del Puerto de Ushuaia responde a irregularidades administrativas y al interés nacional sobre la actividad portuaria. “Nadie hace una intervención sin un motivo”, afirmó al analizar la medida dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Fondos portuarios, desvíos y contexto financiero provincial
Aciar sostuvo que existe un convenio que establece que los recursos generados por la actividad portuaria deben reinvertirse en el propio puerto. En ese sentido, señaló que la sanción de una ley provincial que habilita destinar esos fondos a otros fines genera una contradicción normativa.
El abogado afirmó que el escenario se vuelve más delicado si se considera que, según publicaciones periodísticas, se habrían desviado alrededor de 4.000 millones de pesos del puerto a otras áreas del Estado provincial. A esto sumó el contexto financiero de la provincia, que —según recordó— recientemente solicitó adelantos de impuestos tanto al Estado Nacional como a empresas para afrontar gastos corrientes.
Aciar también cuestionó los préstamos otorgados desde el ámbito portuario a otros organismos estatales. “La caja está fundida, tiene más deuda que patrimonio. ¿Con qué criterio se le presta plata a otro organismo si se sabe que no la va a devolver?”, planteó.
“Frente a ese cuadro, es lógico que el Estado Nacional entienda que tiene que intervenir para evitar que los recursos portuarios se utilicen para cubrir déficits generales”, sostuvo.
Críticas a la estrategia legal provincial
Aciar sostuvo que los conflictos entre una provincia y el Estado Nacional deben tramitar directamente ante la Corte Suprema. También cuestionó la contratación de estudios jurídicos externos. “Hay una cantidad de abogados importantes, inclusive en el puerto, que trabajan y saben de esto. No tiene sentido que el Estado vaya y contrate alguien más. ¿Para qué tiene asesores letrados si después contrata asesoramiento externo?”, señaló.
Para el abogado, la negativa a reconocer errores administrativos puede profundizar los conflictos institucionales. “Cuando uno comete un error y lo niega, probablemente siga cometiendo ese error”, concluyó.
