El Gobierno nacional oficializó una modificación en el esquema educativo al redefinir el carácter obligatorio de dos contenidos curriculares que hasta ahora debían dictarse en todas las escuelas del país. La medida quedó establecida en el Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial, y plantea un nuevo marco de responsabilidades entre la Nación y las provincias.
El cambio alcanza a los contenidos de educación vial y a la jornada anual de prevención y erradicación de la violencia de género, que dejan de estar establecidos como obligaciones a nivel nacional. A partir de ahora, su inclusión en los planes de estudio quedará bajo la decisión de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El decreto dispone la derogación de artículos específicos de dos leyes vigentes. Por un lado, deja sin efecto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada “Educar en Igualdad” en todos los niveles educativos. Por otro, modifica la Ley 27.214, suprimiendo los artículos que fijaban la obligatoriedad de contenidos vinculados a educación vial en el sistema escolar.
En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo argumenta que este tipo de definiciones deben ser resueltas por las autoridades educativas locales, en línea con el carácter federal del sistema. También sostiene que algunas de las estructuras creadas para implementar estas políticas no lograron el funcionamiento previsto o se superponían con competencias ya existentes en las provincias.
La nueva disposición no impide que las escuelas continúen abordando estas temáticas. Por el contrario, habilita a cada jurisdicción a definir cómo, cuándo y bajo qué formato incorporarlas, ya sea como contenidos específicos, de manera transversal o integradas en otras áreas curriculares.
Desde el Gobierno señalan que la medida apunta a otorgar mayor flexibilidad a los sistemas educativos, reducir regulaciones de alcance nacional y promover propuestas pedagógicas adaptadas a las realidades locales. En ese marco, destacan que las provincias conservan plena facultad para sostener estos contenidos si así lo consideran.
La decisión abre un debate en el ámbito educativo sobre los mecanismos para garantizar una formación integral en todo el país sin recurrir a esquemas uniformes. Especialistas advierten que el desafío será asegurar criterios comunes de calidad educativa, al tiempo que se aprovecha la autonomía provincial para innovar en enfoques y estrategias pedagógicas.
Por el momento, el decreto no contempla otras modificaciones en la currícula nacional, aunque se inscribe en una revisión más amplia de las políticas educativas impulsadas por el Ejecutivo.
