El Gobierno se encamina a avalar un acuerdo político en el Senado para destrabar la integración de la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal organismo de control externo del Estado, que arrastra vacantes desde hace meses por la falta de consensos entre los bloques parlamentarios.
Según fuentes legislativas, la negociación apunta a un esquema de reparto de lugares entre La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y el kirchnerismo, en línea con una lógica de equilibrio político que permita completar la conformación del organismo y normalizar su funcionamiento.
La discusión gira en torno a los cargos que corresponden a la Cámara alta y a la Cámara de Diputados, en un contexto en el que la AGN opera con mandatos vencidos y sin la totalidad de sus auditores designados, una situación que genera cuestionamientos desde distintos sectores del Congreso.
El entendimiento en ciernes contempla que cada uno de los espacios con mayor peso parlamentario tenga representación en la Auditoría, mientras que la presidencia del organismo quedaría en manos del peronismo, como establece la tradición legislativa. Sin embargo, los nombres aún no están cerrados y forman parte de una negociación fina que incluye equilibrios internos y disputas entre bloques.
En el radicalismo, por ejemplo, persisten tensiones sobre quién debería ocupar el lugar que le correspondería al partido, mientras que en otros espacios todavía se analizan alternativas para evitar conflictos internos y rechazos en el recinto.
El antecedente inmediato no es alentador: en 2025, un intento por avanzar con designaciones en Diputados terminó en un fuerte cruce político, con el rechazo de sectores de la oposición que denunciaron un tratamiento fuera del temario de las sesiones extraordinarias. Ese episodio dejó en evidencia la fragilidad de los acuerdos y la sensibilidad política que rodea a la AGN.
En el oficialismo confían en que, esta vez, el escenario será distinto. La intención es que el acuerdo quede listo para ser formalizado cuando el Senado retome la actividad plena en febrero, en paralelo con una agenda legislativa cargada que incluye proyectos clave para el Gobierno.
La definición sobre la AGN no solo tiene impacto institucional, sino también político: se trata del organismo encargado de auditar el uso de los recursos públicos y de controlar la gestión del Ejecutivo, en un momento en el que el Gobierno busca avanzar con reformas estructurales y necesita reducir frentes de conflicto en el Congreso.
