La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz de aprobar un esquema de aumentos salariales para sus integrantes abrió una fuerte polémica política y social en la provincia. La medida, adoptada mediante una resolución interna, prevé incrementos escalonados a lo largo de 2026 y podría llevar los haberes de los vocales del máximo órgano judicial a cifras que superan ampliamente el promedio de los salarios estatales.
Según lo establecido, los aumentos se aplicarán de manera progresiva durante el año, con subas mensuales que, acumuladas, representarían un incremento cercano al 40% anual. De acuerdo con estimaciones oficiales y sindicales, los sueldos de los jueces del TSJ —dependiendo de la antigüedad y los adicionales— podrían ubicarse hacia fines de 2026 en un rango que va desde los 17 hasta casi 24 millones de pesos mensuales.
La resolución generó un inmediato rechazo de sectores sindicales y del Poder Ejecutivo provincial. Desde ATE Santa Cruz calificaron la medida como “obscena” y denunciaron que se trata de una autoasignación de aumentos muy por encima de los acuerdos salariales alcanzados por el resto de los trabajadores estatales. También remarcaron que los magistrados no tributan el Impuesto a las Ganancias, lo que amplía aún más la brecha real de ingresos respecto de otros empleados públicos.
El gobernador Claudio Vidal fue uno de los principales críticos de la decisión. Señaló que el aumento resulta “una burla para la sociedad” en un contexto de ajuste, caída del poder adquisitivo y negociaciones salariales complejas en áreas sensibles como salud, educación y administración pública. Desde el Ejecutivo insistieron en la necesidad de mayor “responsabilidad institucional” por parte de todos los poderes del Estado.
Desde el ámbito judicial, en tanto, se argumenta que la fijación de salarios es una atribución propia del Poder Judicial, vinculada a su autonomía e independencia, y que los aumentos buscan recomponer ingresos frente a la inflación acumulada. No obstante, la falta de información pública detallada sobre el impacto presupuestario y la comparación con otros escalafones judiciales profundizó las críticas.
La controversia volvió a poner en agenda el debate sobre los salarios de la Justicia, la transparencia en la toma de decisiones internas y la desigualdad entre los distintos sectores del Estado. Mientras el malestar social crece, el tema promete seguir generando cruces políticos y sindicales en Santa Cruz en los próximos meses.
