El Gobierno provincial vetó la ley que elevaba al 28% la coparticipación municipal de las regalías hidrocarburíferas, invocando la necesidad de equilibrio fiscal y respaldo técnico. La medida expone una contradicción evidente: el propio Ejecutivo no impulsó el debate del Presupuesto 2026, pretende gobernar con partidas reconducidas y, al mismo tiempo, reconoce que los beneficios fiscales otorgados a Terra Ignis afectarán los recursos que perciben los municipios.
Veto en nombre del equilibrio fiscal, sin presupuesto debatido
El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego resolvió vetar de forma total la ley sancionada por la Legislatura Provincial en la sesión del 22 de diciembre de 2025, que modificaba el régimen de coparticipación municipal sobre las regalías hidrocarburíferas. La decisión quedó formalizada a través del Decreto N.º 0042/26, firmado el 12 de enero de 2026.
La norma vetada proponía elevar al 28% la participación de los municipios en las regalías provenientes de la actividad hidrocarburífera. Según el Ejecutivo, la iniciativa carecía de estudios técnicos suficientes y ponía en riesgo recursos estratégicos de la Provincia.
Regalías en disputa y tensión con los municipios
En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que las regalías forman parte de la estructura central de financiamiento provincial, destinada a sostener servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Además, advierte que la ley vetada implicaba una transferencia de recursos sin una transferencia equivalente de competencias.
Sin embargo, el propio texto del veto reconoce que, a partir de los beneficios fiscales y operativos otorgados a Terra Ignis en el marco del esquema hidrocarburífero vigente, se producirá una modificación en la coparticipación de regalías, lo que implicará recursos que la Provincia dejará de recaudar.
Según estimaciones oficiales citadas en el decreto, el impacto económico de esas decisiones podría alcanzar un monto cercano a los USD 140 millones, una cifra que —de acuerdo al propio Gobierno— también tendría efecto directo sobre los ingresos de los municipios.
Una seguidilla de vetos que enciende alertas
Este veto no aparece como un hecho aislado. Se suma a otros vetos dictados por el Poder Ejecutivo durante la semana pasada, que dejaron sin efecto leyes que, según trascendió, habrían sido aprobadas por unanimidad en la Legislatura.
En todos los casos, el denominador común es la invocación al cuidado de los recursos públicos y a la sustentabilidad fiscal, una argumentación que comienza a generar cuestionamientos por la reiteración del uso del veto como herramienta política.
El doble discurso del orden fiscal
La dureza de los fundamentos económicos contrasta con otro dato central del escenario institucional: el Poder Ejecutivo no impulsó ni promovió el tratamiento parlamentario del Presupuesto Provincial 2026.
De este modo, mientras se apelan a criterios de prudencia fiscal para frenar leyes sancionadas por el Parlamento, la Provincia transita el nuevo ejercicio bajo un esquema de presupuesto reconducido, una situación que amplía la discrecionalidad del Ejecutivo y debilita la planificación económica.
Un conflicto político abierto
La acumulación de vetos profundiza la tensión entre el Ejecutivo y la Legislatura y reabre un debate de fondo sobre el rol del Parlamento, la previsibilidad institucional y el uso del veto como mecanismo recurrente.
Lejos de cerrar la discusión, el veto vuelve a poner en evidencia un conflicto estructural: la falta de una estrategia integral para ordenar las cuentas públicas mediante el debate presupuestario, en un contexto donde el ajuste se invoca como argumento, pero la discusión de fondo sigue postergada.
