Los gobernadores volvieron a poner sobre la mesa una condición central para acompañar la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional: una compensación clara y automática por la pérdida de recursos que sufrirían las provincias a partir de los cambios en el Impuesto a las Ganancias. El planteo no busca frenar la modernización del mercado de trabajo, sino ordenar sus efectos fiscales para que el ajuste no recaiga, una vez más, sobre los distritos.
En la antesala de la discusión parlamentaria, los mandatarios advierten que la iniciativa oficial puede generar un impacto negativo directo en la coparticipación, afectando la capacidad de las provincias para sostener servicios básicos, obras públicas y políticas sociales. En un contexto de cuentas ajustadas y menor asistencia discrecional, el reclamo adquiere un peso político difícil de soslayar.
Una reforma con costos concretos
La preocupación provincial se concentra en los artículos que reducen la carga tributaria sobre las empresas, una decisión que, aunque busca incentivar la formalización y la inversión, recorta la base de uno de los impuestos más relevantes para el reparto federal. La consecuencia inmediata sería una merma sostenida de ingresos mensuales para las provincias, con impacto pleno en los presupuestos del próximo año.
Desde esta perspectiva, los gobernadores no discuten el objetivo de la reforma, pero sí su implementación. Plantean que no puede haber competitividad laboral a costa del desfinanciamiento del interior, ni equilibrio macroeconómico si se debilita la estructura fiscal subnacional.
Federalismo como condición política
El reclamo reabre un debate de fondo: el funcionamiento real del federalismo fiscal. Las provincias sostienen que las decisiones tributarias nacionales deben contemplar mecanismos de compensación automáticos, evitando negociaciones caso por caso que profundizan la discrecionalidad y la desigualdad entre distritos.
Entre las alternativas que circulan aparecen la reasignación de impuestos existentes, una mayor participación en tributos hoy no coparticipables o esquemas transitorios que amortigüen la caída de recursos mientras la reforma despliega sus efectos positivos. La señal es clara: sin previsibilidad fiscal, no habrá respaldo político sólido.
Negociar para avanzar
El Gobierno enfrenta así un dilema estratégico. Puede insistir con una reforma cerrada, arriesgando apoyos clave en el Congreso, o abrir una negociación madura que incorpore el reclamo provincial como parte del diseño final. La segunda opción no implica retroceder, sino fortalecer la viabilidad política y económica del proyecto.
Un acuerdo con las provincias permitiría ordenar expectativas, reducir conflictos y convertir la reforma laboral en una política de Estado, sostenida en el tiempo y no atada a mayorías circunstanciales.
Una oportunidad para ordenar el sistema
Lejos de ser un obstáculo, el planteo de los gobernadores puede leerse como una oportunidad. Repensar la relación entre Nación y provincias, actualizar reglas fiscales y alinear incentivos es una deuda pendiente. Si la reforma laboral aspira a modernizar la economía, debe hacerlo sin profundizar desequilibrios estructurales.
El desafío es claro: avanzar con cambios que promuevan empleo y competitividad, sin vaciar de recursos a las provincias. El federalismo no es un eslogan; es una condición para que las reformas funcionen.
